El Gobierno del Principado de Asturias ha informado que confía en resolver en noviembre el expediente sancionador a Aucalsa, una vez incorporadas y estudiadas las alegaciones que presente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuyo plazo concluye el 20 de octubre. Así lo ha confirmado la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, tras la reunión mantenida esta mañana con el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), Dacio Alonso.
El ministerio, personado en el procedimiento, ha solicitado una prórroga del plazo de alegaciones, que vencía el 8 de octubre, y que la Dirección General de Consumo ha concedido para garantizar el derecho de defensa. Para González Prieto, la situación con la autopista y el peaje “roza el absurdo”, al tratarse de una concesión cuestionada por la ciudadanía asturiana desde hace más de dos décadas y ahora puesta en cuestión por la propia Unión Europea. La viceconsejera ha ironizado al asegurar que el expediente “es un chicle que ya no estira más”. La sanción propuesta por el departamento de Consumo, ha recordado, asciende a 1,1 millones, la más alta planteada hasta ahora en Asturias en materia de consumo.
González Prieto ha señalado que el servicio estudia incorporar también la sentencia que recientemente dio la razón a un usuario particular y ha censurado que Asturias tenga que seguir pagando un peaje que, en sus palabras, “todo el mundo entiende que es ilegal”.
Por su parte, Dacio Alonso ha reconocido la valentía de Consumo al proponer la mayor sanción de la historia y ha anunciado que, una vez resuelto el expediente, la entidad agrupará las reclamaciones en demandas de hasta 120 afectados, por importes inferiores a 2.000 euros, que permiten acudir a la justicia sin abogado ni procurador. También ha asegurado que el Tribunal Supremo ya dispone del dictamen de la Comisión Europea sobre la legalidad de la prórroga de la concesión hasta 2050, acordada en 2000 por el Gobierno de José María Aznar, con Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento.
La Unión de Consumidores ha aprovechado para animar a todos los afectados a sumarse a la iniciativa, sin necesidad de ser socios de la entidad. La integran ya más de 10.000 personas que reclaman la devolución de los peajes abonados. Alonso ha defendido que la organización trabajará para que Aucalsa no retenga “un solo euro de los ciudadanos” cobrado indebidamente.