El Principado de Asturias recibirá 2.958.594 euros de financiación estatal para desarrollar las políticas de vivienda pública en las zonas de mercado residencial tensionado. Estos recursos forman parte del nuevo fondo anunciado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para las comunidades autónomas que están aplicando la Ley 12/2023, de derecho a la vivienda.
Para la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico, se trata de los primeros recursos estatales específicamente vinculados a la aplicación de las zonas tensionadas en Asturias y supone un reconocimiento a la estrategia desarrollada para afrontar el problema del acceso a la vivienda desde una perspectiva integral.
El director general de Vivienda, Daniel Sánchez, ha afirmado que “declarar una zona tensionada no consiste únicamente en intervenir sobre los alquileres: significa reconocer que existe un desequilibrio y poner en marcha un conjunto de políticas públicas para corregirlo”. “Lo importante ahora es que esa declaración empieza a tener también una traducción económica.
Asturias va a disponer de casi tres millones adicionales para actuar allí donde hemos acreditado que existe un problema de acceso a la vivienda. Es dinero para construir más vivienda pública, para ampliar la oferta asequible y para corregir las causas que han generado la tensión del mercado”, ha añadido.
La financiación se enmarca en el artículo 18 de la Ley 12/2023, que establece que la declaración de una zona tensionada debe ir acompañada de un plan específico para corregir los desequilibrios detectados y contempla programas estatales de colaboración, financiación y ayudas adicionales. La consejería considera especialmente relevante que la norma vincule estas declaraciones con el incremento de la oferta de vivienda social y asequible. La declaración puede producirse, entre otros supuestos, cuando el esfuerzo económico de los hogares para acceder a una vivienda supera el 30% de sus ingresos o cuando los precios de compra o alquiler han crecido durante cinco años por encima de la evolución del IPC en los términos establecidos por la ley.
“No elegimos entre regular y construir. Haremos las dos cosas”
El Principado considera que la declaración de zonas tensionadas debe entenderse como el punto de partida para desplegar políticas públicas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda y no como una medida aislada de control de precios.
“Hay quien pretende presentar las zonas tensionadas como si fueran una política exclusivamente de limitación de precios. Eso es desconocer lo que dice la propia Ley de Vivienda. El artículo 18 establece un diagnóstico, una declaración y, después, un plan específico para corregir los desequilibrios. Y corregir esos desequilibrios significa aumentar la vivienda pública y asequible, movilizar recursos y actuar sobre la oferta”, ha explicado Sánchez. Los 2,9 millones permitirán reforzar las actuaciones públicas en los ámbitos donde los indicadores han acreditado una mayor dificultad de acceso a la vivienda.
En esta línea, el Gobierno de Asturias defiende que la política de zonas tensionadas debe formar parte de una estrategia más amplia de vivienda, que combine la protección de los hogares frente a incrementos desproporcionados de los alquileres con el aumento estructural del parque público y asequible. “No vamos a elegir entre regular y construir. Vamos a hacer las dos cosas. Hay que proteger a quien hoy está pagando un alquiler que no puede asumir y, al mismo tiempo, aumentar la oferta pública para que dentro de unos años haya menos hogares sometidos a esa presión”, ha subrayado el director general de Vivienda
El Ejecutivo autonómico considera, además, que la llegada de estos recursos demuestra que la aplicación de la Ley estatal de Vivienda permite movilizar financiación adicional para las comunidades que están utilizando sus instrumentos. “Durante mucho tiempo se nos ha dicho que declarar zonas tensionadas no serviría para nada. Hoy tenemos una primera respuesta muy concreta: Asturias ha sido incluida entre las comunidades que recibirán financiación estatal específica para actuar en esas zonas. Son los primeros 2,9 millones, y nuestro objetivo es convertirlos en más vivienda pública, más alquiler asequible y más capacidad de respuesta”, ha concluido Sánchez.