El Principado de Asturias considera que el proyecto de Ley de Vivienda da respuesta a buena parte de las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de pisos protegidos.
Asturias defiende la futura Ley de Vivienda tras el informe de la Sindicatura
La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha valorado el trabajo realizado por la Sindicatura de Cuentas en su informe sobre la promoción y gestión de la vivienda protegida durante 2023 y 2024 y considera que sus recomendaciones representan una oportunidad para seguir reforzando las políticas públicas en esta materia.
La consejería sostiene además que buena parte de las observaciones recogidas en el documento encuentran ya respuesta en el proyecto de Ley de Vivienda del Principado, aprobado por el Consejo de Gobierno y actualmente en tramitación en la Junta General.
La Dirección General de Vivienda recuerda que muchas de las cuestiones planteadas por la Sindicatura ya fueron objeto de alegaciones durante la elaboración del informe provisional. En esas observaciones se señalaba la conveniencia de diferenciar entre posibles incumplimientos normativos y aspectos de carácter organizativo o tecnológico susceptibles de mejora.
Un nuevo sistema para la vivienda protegida
Según la consejería, la principal conclusión del informe pone de manifiesto la necesidad de culminar la aprobación de la futura Ley de Vivienda, que permitirá implantar por primera vez el Sistema Asturiano de Vivienda Protegida.
Este modelo sustituirá el sistema actual, basado en programas dispersos, por una estructura estable, permanente y planificada. Además, incorporará el Observatorio Asturiano de la Vivienda, nuevos registros públicos, un servicio de inspección con estructura propia y mecanismos permanentes de seguimiento, evaluación y control.
El departamento recuerda también que el informe de la Sindicatura fiscaliza la gestión correspondiente a los años 2023 y 2024, mientras que la nueva norma nace precisamente para corregir las limitaciones estructurales detectadas durante ese periodo.
Aclaración sobre el Registro de Demandantes de Vivienda
La Consejería de Vivienda también ha querido aclarar una de las cuestiones difundidas sobre el informe, al señalar que la normativa vigente no exige la inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida (Red Viva) para acceder a todas las viviendas protegidas.
Según explica, este requisito solo es obligatorio para las viviendas de protección oficial de promoción privada, mientras que las promovidas directamente por el Principado se adjudican conforme al Decreto 25/2013.
En los casos de emergencia habitacional, el procedimiento se rige por la Ley 3/2021, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. Por este motivo, las adjudicaciones por emergencia habitacional, urgencia social o violencia de género se tramitan mediante procedimientos específicos previstos en la normativa y, en muchos casos, a propuesta de los servicios sociales municipales, sin necesidad de inscripción previa en Red Viva.
La consejería sostiene que la Sindicatura «no está diciendo que sobren instrumentos; está recomendando precisamente crear los instrumentos que incorpora la Ley de Vivienda». En este sentido, afirma que muchas de las recomendaciones del informe coinciden con el contenido del proyecto normativo actualmente en tramitación.
Vivienda reafirma así su compromiso con el refuerzo de la planificación, la mejora de la información disponible y el desarrollo de un sistema más integrado, transparente y evaluable. A su juicio, la futura Ley de Vivienda permitirá que Asturias disponga por primera vez de un verdadero Sistema Asturiano de Vivienda Protegida para dar respuesta estructural a buena parte de las recomendaciones formuladas por la Sindicatura de Cuentas.