La Guardia Civil desmanteló una red de explotación laboral que suministraba mano de obra barata para obras en el norte de España, con tres detenidos, un investigado y al menos 41 víctimas identificadas en Asturias, Cantabria y País Vasco.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas que conformaban una red de explotación laboral dedicada a suministrar mano de obra barata en construcciones del norte de España. Hay una cuarta persona investigada por su participación en los hechos y al menos 41 víctimas identificadas, obreros extranjeros en situación de vulnerabilidad, que trabajaban en Cantabria, Asturias y País Vasco.
La Policía Judicial del instituto armado detectó el pasado verano indicios de esta posible red y de la explotación laboral de numerosos trabajadores, lo que apuntaba a posibles delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, la trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y los de los ciudadanos extranjeros, entre otros.
Los agentes realizaron vigilancias y comprobaciones en las tres citadas comunidades autónomas y lograron identificar una empresa cuyo principal responsable desarrollaba su actividad en Vizcaya y con sede económica en Vitoria.
Descubrieron que muchos de los trabajadores se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad por circunstancias económicas o sociales que favorecían un estado de dependencia respecto quienes controlaban sus desplazamientos y condiciones de trabajo.
La mayoría de los empleados habían realizado largos desplazamientos hasta nuestro país a través de diferentes rutas migratorias en diversos medios de transporte, incluso con escalas en países como Grecia e Italia antes de llegar a su destino final. Algunos habían contraído deudas de hasta 30.000 euros para financiar el viaje, lo que aumentaba su situación de vulnerabilidad.
Los guardias civiles detectaron que, al inicio de cada jornada laboral, numerosos trabajadores se concentraban en distintos puntos de Vitoria, desde donde eran distribuidos en vehículos hacia diferentes obras de construcción, llegando a recorrer diariamente «cientos» de kilómetros.
En los casos de Asturias y Cantabria, debido a la distancia respecto a la sede de la empresa investigada, los trabajadores eran alojados en viviendas donde permanecían durante la semana laboral en condiciones que están siendo investigadas.
Ante esto, y en virtud del convenio de colaboración existente, en febrero de 2026 se incorporó a la investigación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Durante las pesquisas se constataron varios accidentes laborales sufridos por trabajadores vinculados a este entramado. Al menos dos habrían sido trasladados a centros sanitarios y posteriormente apartados de su empleo.
Así las cosas, se reunieron indicios sobre la existencia de una red organizada dedicada a favorecer la inmigración irregular y explotar laboralmente a trabajadores extranjeros, entre otros ilícitos penales.
70 EFECTIVOS.
En su fase de explotación final este pasado mes, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Judicial en Álava y Cantabria, con el apoyo de más de 70 efectivos de las USECIC de la Guardia Civil en País Vasco, Cantabria y Asturias, llevaron a cabo un operativo simultáneo en varias obras del norte.
Como resultado, han sido inspeccionadas diez obras en estas comunidades, y han sido detectadas presuntas irregularidades laborales en siete de ellas. Durante el operativo han sido identificados 41 trabajadores extranjeros vinculados a distintas empresas investigadas.
La mayoría utilizaba documentación de terceros para acreditar su identidad ya que se encontraban en situación administrativa irregular.
Durante las actuaciones, muchos trabajadores mostraban inicialmente reticencias a colaborar con las autoridades y dificultaban la verificación de su identidad y situación administrativa.
Posteriormente, varios reconocieron haber abonado importantes cantidades de dinero a organizaciones dedicadas a facilitar la inmigración irregular para llegar a España y acceder a un empleo.
REGISTROS E INSPECCIONES.
En total, han sido detenidas tres personas, responsables empresariales. También se investiga a una cuarta por su participación en los hechos.
Se han realizado tres registros e inspecciones en inmuebles y establecimientos de Vizcaya y Álava, donde ha sido intervenida documentación y dispositivos electrónicos que están siendo investigados.
Tras las comprobaciones realizadas, 40 de los 41 trabajadores identificados se encontraban en situación administrativa irregular en España.
Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Santander, que dirige actualmente la instrucción del procedimiento.
La operación, de nombre ‘Ambotan-Canapu’, sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
EUROPA PRESS