El parlamento asturiano ha aprobado en su sesión ordinaria de este viernes una moción presentada y defendida por el grupo parlamentario del IU en la que se insta al gobierno a rescindir los contratos del Principado con la empresa Alcor Seguridad en los centros de menores ante el «palmario incumplimiento de los mismos». La moción ha salido adelante por unanimidad.
Esta moción se aprueba un día después de que el consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, confirmase que el Ejecutivo autonómico ha llegado a un acuerdo con la empresa de seguridad Alcor para resolver el contrato de la prestación de servicio de vigilancia en el Centro de Menores de Miraflores.
Martínez ha matizado también que el Gobierno autonómico está estudiando la modificación de las condiciones en las que se adjudican los servicios de seguridad de edificios públicos de su titularidad, para que se tengan en cuenta cuestiones técnicas y condiciones labores de los trabajadores, y no solo la oferta más barata.
Desde IU, la diputada Concha Masa, encargada de defender la propuesta, se ha felicitado por esta decisión, pero ha recordado que los problemas que ha habido y hay también en los centros de Sograndio y el Materno Infantil.
Desde el Grupo socialista han defendido que «rescisión de los contratos si, pero siempre y cuando exista un informe jurídico que así lo respalde», de ahí que así lo hayan añadido a la moción a través de una enmienda a la misma que fue aceptada por el grupo proponente.
Tanto el PP como Foro han incidido en los «graves» incidentes acaecidos en los centros en los que esta empresa ejerce las tareas de seguridad y han indicado que se debería llevar a cabo la rescisión de la totalidad de los contratos con Alcor.
En la moción, subsiguiente a una interpelación, también se pide que el Gobierno incorpore de manera efectiva las cláusulas sociales en la contratación pública, especialmente en lo que se refiere al cumplimiento por las empresas de los compromisos establecidos en los convenios colectivos. Tmbien se aboga por una reorientación del actual modelo socioeducativo de los centros de menores, de manera especial de aquellos que cuentan con menores con problemas de conducta.