Ángel Gabilondo comparece este jueves en el pleno del Congreso para exponer la actividad y las actuaciones desarrolladas por el Defensor del Pueblo durante 2025.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, comparecerá este jueves en la sesión plenaria del Congreso para presentar el Informe correspondiente a la gestión realizada por la institución durante el año 2025.
Gabilondo expondrá, como ya hiciera la semana pasada ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, las principales conclusiones del informe anual de la institución, que tramitó en 2025 un total de 38.762 expedientes frente a los 34.629 registrados en el ejercicio anterior.
En su anterior comparecencia en el Parlamento, el Defensor advirtió de que «los derechos fundamentales hay que defenderlos, supervisarlos y exigirlos cada día, en todos los niveles y manifestaciones de la actividad administrativa”.
LAS QUEJAS DE LOS CIUDADANOS
En su exposición en la Cámara Baja, Gabilondo planteará los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2025, y que estuvieron relacionados, principalmente, con la Administración de la justicia (12,8% del total de las quejas), la Seguridad Social y Empleo (8,1%), Migraciones (6,4%), Política Social (6,4%), Interior (5,7%), Educación (5,5%) y Sanidad (4%).
Según los datos presentados, la institución atendió el año pasado a 44.278 ciudadanos (42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial). Como consecuencia de los expedientes tramitados se formularon 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 fueron sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.
El mayor número de quejas tramitadas por el Defensor volvió a llegar de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, las de Madrid (8.766), Andalucía (4.374), Cataluña (3.702) y Valencia (3.458).
MIGRANTES, VIOLENCIA Y DISCAPACIDAD
En la referida memoria, el Defensor también critica las condiciones de habitabilidad de algunos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y reclama incorporar estándares homogéneos de habitabilidad y salud. Y exige más coordinación efectiva entre administraciones, formación obligatoria a profesionales que atienden a los menores y un acceso real a los servicios de apoyo a las victimas de casos de violencia vicaria.
El informe pone de manifiesto la falta de plazas adaptadas para menores con discapacidad y alteraciones conductuales severas. En este contexto, el Defensor formuló una recomendación a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid para “incrementar la disponibilidad de recursos residenciales específicos”, especialmente dirigidos a menores con trastorno del espectro del autismo (TEA). Y alertó de retrasos estructurales en la valoración del grado de discapacidad: “Los retrasos no solo son una disfunción administrativa, sino una limitación efectiva de derechos”.
La memoria también recoge una actuación iniciada por el Defensor en 2025 para conocer el modo en que se establecen las comunicaciones entre los centros hospitalarios y las personas con discapacidad auditiva y, más específicamente, sordociegas, tras las quejas recibidas por la finalización de la vigencia del sistema de teleinterpretación en lengua de signos en español en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud.
El último informe anual del Defensor del Pueblo vincula, además, el aumento de las listas de espera médicas con «un fuerte incremento de las bajas laborales en España», que en su mayoría tienen que ver con enfermedades de tipo «musculoesquelético», lo que explica las demoras en traumatología y las unidades del dolor, señala la memoria.