El Gobierno de Asturias rechaza que el accidente minero de Zarréu, en el que murieron cinco trabajadores, derive en responsabilidades personales o técnicas para la Administración.

El Gobierno de Asturias ha conocido la propuesta de dictamen planteada por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente minero de Zarréu ocurrido el 31 de marzo de 2025 y que costó la vida a cinco trabajadores. El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha sido el encargado de expresar la postura del Principado, que rechaza que el siniestro, derivado de la actividad ilegal de una empresa, derive en señalamientos personales y técnicos.

Posición del Gobierno del Principado

Ante la propuesta de dictamen, el Ejecutivo realiza las siguientes consideraciones:

1. El Gobierno del Principado reafirma su compromiso con la investigación y la verdad, expresado desde el primer minuto por el presidente, Adrián Barbón. Uno de los frutos de ese compromiso es el informe de la Inspección General de Servicios, elaborado por iniciativa del propio presidente del Principado. El Ejecutivo ha hecho suyas todas las recomendaciones incluidas en el informe de la Inspección General de Servicios y ha anunciado otras decisiones, como la puesta en marcha del Servicio de Seguridad Minera.
2. Recordamos que el accidente se produjo en una explotación ilegal de carbón con condiciones de trabajo deplorables. Ningún permiso administrativo ni proyecto de investigación alguno amparaba la actividad que realizaba la empresa Blue Solving, responsable última del siniestro. La investigación judicial en marcha, para la que el gobierno ha reforzado el juzgado con más personal, determinará las responsabilidades penales en las que pueda haber incurrido.

Rechazo a responsabilidades personales o técnicas

3. La parte mayoritaria del gobierno entiende que la propuesta de dictamen de la comisión de investigación parlamentaria ni el informe de la Inspección General de Servicios anudan la existencia de una relación de causa efecto entre las decisiones de la Administración del Principado, su estructura o sus procedimientos y la explosión de grisú que provocó los cinco fallecidos.
4. También consideramos que los hechos conocidos no justifican en modo alguno la atribución de responsabilidades personales ni técnicas, contra lo que plantea el borrador de dictamen. La única responsabilidad directa y comprobable, sometida a investigación judicial, es la cometida por la empresa que violentó la ley para su beneficio económico con una actividad nunca autorizada por la Administración.