El Principado asegura que ninguna familia vulnerable quedará fuera de una vivienda pública de Vipasa por motivos económicos y defiende la función social del parque público de vivienda.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, defendió el compromiso del Gobierno de Asturias con la protección de las personas y familias vulnerables que residen en el parque público de vivienda y reafirmó la función social de la empresa pública Vipasa.
Durante su intervención en la Junta General, el titular de Vivienda explicó que cuando se producen situaciones de impago motivadas por dificultades económicas, la Administración activa mecanismos de mediación, revisa la situación económica de los inquilinos y coordina actuaciones con los servicios sociales municipales.
Mediación para evitar la exclusión residencial
En estos procesos también interviene el departamento de intermediación comunitaria de Vipasa, que analiza cada caso y busca soluciones para que los inquilinos puedan mantener su vivienda mediante acuerdos de pago adaptados a su capacidad económica.
Según los datos facilitados por el consejero, en 2024 se tramitaron 47 demandas relacionadas con viviendas del parque público. De ellas, 40 correspondían a impagos de renta, cinco a situaciones de uso precario y dos a ocupaciones.
En 2025 se registraron 37 nuevas demandas, de las que 18 estaban vinculadas a impagos, diez a ocupaciones, tres a uso precario y una a otras causas. Durante el año pasado también se produjeron 36 lanzamientos.
Garantías para propietarios y programa Alquilámoste
El consejero también se refirió al programa Alquilámoste, destinado a movilizar vivienda vacía y ofrecer garantías a los propietarios que incorporan sus inmuebles al mercado del alquiler a través de este sistema.
Los propietarios que participan en esta iniciativa pueden beneficiarse de deducciones fiscales en el IRPF y cuentan con la garantía de cobro de la renta.
Compensaciones por suspensión de desahucios
En relación con las compensaciones a propietarios afectados por la suspensión de desahucios cuando los inquilinos se encuentran en situación de vulnerabilidad, el presupuesto del Principado incluyó una partida de un millón de euros para este fin, de la que se ejecutaron 700.000 euros.
Para el ejercicio actual se mantiene la misma dotación. Actualmente existen 93 solicitudes pendientes de tramitación, mientras que varios expedientes se encuentran en diferentes fases administrativas previas a su resolución.
Plan urbanístico del antiguo HUCA y regulación energética
Durante la comisión parlamentaria, el consejero también anunció que la licitación de la asistencia técnica para redactar el plan especial del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias se publicará antes de que finalice el mes.
El objetivo del Ejecutivo autonómico es avanzar en la planificación urbanística de los terrenos del antiguo complejo hospitalario y cerrar la legislatura con el documento de aprobación inicial del plan.
Además, el Gobierno ampliará el plazo de exposición pública de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA) y prevé sacar a información pública el documento de avance de las directrices que regularán la instalación de parques de baterías en la comunidad.
El Ejecutivo trabaja en la elaboración de este marco con el objetivo de ordenar la implantación de estas infraestructuras vinculadas a la transición energética y compatibilizar su desarrollo con la protección del territorio.
