Asturias pone en marcha ayudas económicas para víctimas de violencia sexual, con una cuantía general de 3.420 euros destinada a apoyar procesos de recuperación.
Ayudas económicas para la recuperación de víctimas
El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha un nuevo sistema de ayudas económicas destinado a apoyar la recuperación de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual, con el objetivo de reforzar su seguridad, dignidad y autonomía mediante respaldo institucional.
Las ayudas, dotadas con 100.000 euros para este año, podrán solicitarse a partir del martes 24 de febrero en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, tras la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del decreto que regula su funcionamiento.
La prestación está recogida en la Ley de Libertad Sexual aprobada en 2022 y pretende ofrecer apoyo económico durante los procesos de reparación y reconstrucción vital. La cuantía general asciende a 3.420 euros, equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, con posibles incrementos para personas con familiares a cargo o discapacidad.
Una de las características de la medida es su flexibilidad, ya que podrá solicitarse en cualquier momento dentro de los cinco años posteriores a la acreditación como víctima. En el caso de niñas y niños que no la hubieran solicitado durante la minoría de edad, el plazo comenzará a computarse desde la mayoría de edad.
Para acceder a la prestación será necesario estar empadronado en Asturias y disponer de ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, con condiciones específicas para menores y familias numerosas.
Acreditación administrativa y respaldo institucional
La acreditación de la condición de víctima podrá realizarse por vía judicial mediante sentencias, órdenes de alejamiento o informes del Ministerio Fiscal, o por vía administrativa. En este último supuesto, la Dirección General de Igualdad gestionará las acreditaciones de mujeres y niñas mayores de 12 años, mientras que la Dirección General de Infancia asumirá las correspondientes a niños menores de 18 años y niñas menores de 12, con la participación de los Centros Asesores de la Mujer y del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales.
Según ha señalado la directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra, estas ayudas constituyen una medida de justicia y reparación, al considerar que el reconocimiento del daño sufrido debe implicar consecuencias reales y acompañamiento institucional.
Por su parte, la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández, ha afirmado que la iniciativa refuerza la responsabilidad pública de proteger los derechos de las víctimas de violencia sexual y garantizar apoyo orientado a recuperar seguridad y autonomía tras una vulneración grave.