Desde hoy 1 de enero de 2026, el servicio de teleasistencia es un derecho universal para todas las personas, con independencia del grado de dependencia reconocido, según establece la reforma de la Ley 39/2006, que entrará en vigor en esa fecha. Esta medida suprime el copago y moderniza el sistema de atención mediante el uso de nuevas tecnologías.
La nueva normativa, que modifica la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que «la teleasistencia será un servicio garantizado para todos los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Desde el Ministerio de Derechos Sociales señalaron que este proyecto de ley reconoce «la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, garantizando su acceso sin copago». La medida busca reforzar la permanencia de las personas dependientes en su entorno habitual, facilitando su autonomía personal.
Además, explicaron que el nuevo sistema contempla una modernización integral del servicio, incorporando avances tecnológicos que van más allá del tradicional ‘botón rojo’. Las nuevas medidas incluyen sensores de caídas, detectores de humo, control de constantes vitales y otras funcionalidades basadas en la domótica y la inteligencia artificial.
MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO
El Real Decreto 668/2025, aprobado el 22 de julio, establece además un marco de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para garantizar la implementación efectiva del servicio en todo el territorio nacional. Se prestará especial atención a las zonas rurales y menos pobladas.
Las comunidades autónomas están desarrollando sus propios decretos para adaptar la normativa nacional a sus territorios y dispondrán de un plazo adicional de seis meses, hasta el 30 de junio de 2026, para adaptar completamente sus normativas y sistemas de gestión al nuevo marco legal. No obstante, el derecho es efectivo desde el primer día de 2026 para todos los beneficiarios.
Por su parte, la Comunidad de Madrid anunció para 2026 «un nuevo decreto de dependencia con 30 medidas específicas» destinadas a agilizar los trámites y mejorar la calidad de la atención. «Estas medidas incluyen la simplificación administrativa, la reducción de plazos de resolución y la ampliación de la cobertura de la teleasistencia a nuevos colectivos vulnerables», apuntó la Consejería de Políticas Sociales.
Subrayó que la fecha de implementación ha sido elegida estratégicamente para coincidir con el inicio del año fiscal, lo que facilitará la asignación presupuestaria necesaria para garantizar la cobertura universal del servicio. Durante 2025, se desarrollarán los reglamentos técnicos y protocolos de actuación que regularán el nuevo servicio de teleasistencia avanzada.
REFUERZO PRESUPUESTARIO
La implementación de este derecho universal contará con importantes refuerzos presupuestarios tanto a nivel estatal como autonómico. La Comunidad de Madrid ha anunciado un presupuesto de 407,8 millones de euros para prestaciones de dependencia en 2026, lo que supone un incremento de 4,8 millones respecto al año anterior, destinado a atender a más de 93.000 personas beneficiarias.
En Cantabria, la Dirección General de Dependencia dispondrá de un presupuesto de 4,7 millones de euros para 2026, parte del cual se destinará a la implementación del nuevo modelo de teleasistencia avanzada.
Aunque no se ha detallado la cifra exacta del refuerzo presupuestario a nivel estatal, el Ministerio de Derechos Sociales ha confirmado que habrá un «incremento significativo» en las transferencias a las comunidades autónomas.
Actualmente, el acceso a la teleasistencia varía según el municipio y la comunidad autónoma. En Madrid, por ejemplo, las personas mayores de 88 años pueden tramitar la solicitud a través del teléfono 010, pero a partir del 1 de enero de 2026 este servicio se extenderá automáticamente a todas las personas con cualquier grado de dependencia reconocido.