El Gobierno de Asturias defiende mantener la vivienda protegida en niveles asequibles y alerta de que un incremento del 40% en el precio rompería su función social y excluiría a miles de familias.
El director general de Vivienda, Daniel Sánchez, ha defendido el equilibrio entre el acceso asequible y la viabilidad de la vivienda protegida en Asturias. Sánchez ha respondido así a las declaraciones del sector promotor sobre el precio máximo de este tipo de viviendas y ha subrayado que la prioridad del Gobierno de Asturias es garantizar un acceso real y asequible, preservando la función social que define este régimen desde su creación.
El precio máximo de la vivienda protegida se sitúa actualmente en 2.124 euros por metro cuadrado. Según ha explicado, si se aplicara el aumento del 40% que plantea el sector promotor, hasta los 2.973 euros, una vivienda tipo de 80 metros cuadrados con garaje y trastero alcanzaría un precio cercano a 270.000 euros. Sánchez ha advertido de que esa cifra rompería el principio de asequibilidad y desvirtuaría el concepto mismo de vivienda protegida, definido por la legislación estatal y autonómica.
Ha recordado también que el acceso a la compra exige contar al menos con el 30% del importe total en ahorros previos, dado que las entidades financieras financian habitualmente hasta el 80% del precio de compraventa. Con un precio de 270.000 euros, una familia tendría que aportar más de 80.000 en efectivo solo para iniciar la operación hipotecaria, lo que excluiría a miles de hogares jóvenes y trabajadores.
Como ejemplo, ha citado la reciente promoción de vivienda protegida del barrio de Su Eminencia, en Sevilla, donde los precios entre 215.000 y 265.000 euros han generado un debate sobre si quien puede acceder a una vivienda de 250.000 euros necesita protección. Para Sánchez, este caso demuestra el riesgo real de que la vivienda protegida pierda su sentido social si los precios se desligan de los salarios medios y del coste de la vida.
La revisión del módulo, en concertación social
El Principado se encuentra en proceso de revisión del módulo de vivienda protegida dentro de la concertación social con agentes sindicales y empresariales. Sánchez ha destacado que la negociación busca un equilibrio entre la viabilidad técnica de las promociones y la función pública que cumple la vivienda protegida.
El Gobierno de Asturias defiende un modelo que combine la viabilidad económica con el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, garantizando el derecho a una vivienda digna y adecuada y evitando su especulación.
La Dirección General de Vivienda reafirma su compromiso con el desarrollo de vivienda verdaderamente asequible, tanto pública como concertada, y continuará impulsando políticas centradas en las personas y no en la rentabilidad del suelo.