Recientemente se ha publicado el informe 2025 de Fair Game y en el se exponen los problemas financieros de la Premier League, que se acaba de gastar 3.500 millones de euros en el reciente mercado de fichajes de verano, con nombres como Alexander Isak, que cambió el Newcastle United por el Liverpool por unos 150 millones de euros, o Florian Wirtz, que llegó también al Liverpool procedente del Bayer Leverkusen por 120 millones de euros, pero cuyas finanzas muestran su inestabilidad económica.
Este informe revela que más de la mitad de los clubes en las cuatro divisiones principales del fútbol inglés son técnicamente insolventes; solo uno de cada cinco tiene un balance de cuentas neutro, es decir, que sus ingresos igualan sus gastos, y apenas 11 equipos de los 94 que componen estas cuatro categorías tienen dinero suficiente disponible para cubrir los sueldos de sus jugadores durante tres meses.
De acuerdo con esta investigación, únicamente el Brighton&Hove Albion, entre los veinte clubes de la Premier League, alcanza los estándares mínimos exigidos por el nuevo organismo regulador impulsado por el Gobierno británico, el IFR, que entrará en funcionamiento a finales de este año y cuya misión será velar por la estabilidad financiera de los clubes y evitar que se repitan crisis como la desaparición del Bury en 2020, o los recientes problemas del Sheffield Wednesday para afrontar los salarios de sus jugadores y encontrar comprador, o la irrupción de la Superliga Europea en el ecosistema del fútbol inglés y continental.
Si se amplía la mirada al resto de categorías profesionales de acuerdo con lo exigido por el organismo, solo Cambridge United, Carlisle United y Wimbledon entrarían en la lista. Más allá, hasta la sexta división, el único club que cumple con la totalidad de los requisitos es el Bath City, una entidad de carácter semiprofesional
«Si alguien tiene dudas de si el fútbol necesita un regulador, el informe de hoy destroza esas dudas. Las imprudencias financieras están muy extendidas, la buena dirección es rara y los asuntos respecto a la ética raramente llegan a la directiva. Hay excepciones y estamos encantados de poder destacar a esos clubes», señaló Niall Couper, presidente ejecutivo de Fair Game.
En este contexto, entre las competencias del IFR estará la implantación de pruebas obligatorias para propietarios y directivos, la definición de estándares para reforzar la participación de los aficionados en las decisiones estratégicas de los clubes, la protección legal del patrimonio de las entidades y la facultad de impedir que se unan a proyectos de “competiciones cerradas”, comentó Couper, en referencia a la Superliga.