El Gobierno ha aprobado este miércoles el Reglamento de Apuestas del Principado de Asturias con el que el Ejecutivo del socialista Javier Fernández pretende «diversificar y ampliar la oferta de
ocio y juego, equiparándola con otras comunidades», según señaló en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.
«La aprobación del reglamento da respuesta a las demandas del sector y favorecerá su competitividad, al aumentar la oferta de juego en establecimientos ya autorizados, como casinos, bingos y salones», ha dicho el consejero.
Del mismo modo, Martínez ha apuntado que esta nueva norma permitirá atraer «nuevas empresas a Asturias, para incorporar su oferta a establecimientos que ya existen o para abrir otros nuevos, como los locales de apuestas». «Esta actividad generará beneficios en el sector, repercutirá en el empleo e incrementará los ingresos públicos», ha comentado.
Para ello, el decreto regula las diferentes modalidades de apuestas, los locales, establecimientos e instalaciones en las que puedan realizarse, los elementos imprescindibles para llevarlas a cabo y su régimen de organización y explotación. También incorpora medidas para garantizar la seguridad y transparencia del proceso, así como los derechos de los participantes.
«En la elaboración del reglamento se ha puesto especial atención a la protección de los colectivos vulnerables, especialmente menores, discapacitados y personas con ludopatía, y en el desarrollo por parte de las empresas de medidas dirigidas a fomentar el juego responsable», ha resaltado el titular de Presidencia y Participación Ciudadana.
Además, el Gobierno asturiano flexibiliza la norma para centros sociales y de mayores, con un incremento del volumen de juego y de las cuantías, dentro de un sector que está muy regulado. Así, el reglamento incorpora una disposición adicional única que hace referencia a las transferencias económicas de escasa importancia.
De este modo, cuando la suma total de lo jugado en cada jornada no supere el salario mínimo interprofesional diario multiplicado por 15; es decir, que no pase de los 324,30 euros, se considerará transferencia económica
de escasa importancia. Actualmente, ese límite está fijado en una cantidad 10 veces superior al salario mínimo diario (216,2 euros).