La morosidad de las administraciones públicas con los autónomos se ha reducido un 34,8 por ciento en Asturias, según la última encuesta por la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA). A nivel nacional, ha caído un 25,3%, 28 días, hasta septiembre, mientras que la morosidad en el sector privado ha aumentado en 4 días, pasando de los 81 días registrados en septiembre de 2014 a los 85 días actuales.
Asimismo, ATA ha destacado que a pesar de los esfuerzos para poner fin a la morosidad tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, ambas siguen incumpliendo la Ley de morosidad, ya que los periodos medios de pago del sector público se sitúan en 84 días, frente a los 30 que establece la Ley, y los del sector privado se posicionan en 85 días, frente a los 60 permitidos.
En este sentido, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha apuntado que «es posible acabar el año por debajo de los 80 días». En lo que respecta a la reducción del 25,3%, Amor ha señalado que «los problemas se han reducido pero siguen ahí» y que no pagar las deudas supone obstaculizar la consolidación de la recuperación económica y desacelerar la «buena» marcha del consumo interno.
EXTREMADURA, ARAGÓN Y CATALUÑA, LAS QUE MÁS TARDAN EN PAGAR
Según los tiempos de demora de las AA.PP. con sus proveedores por comunidades autónomas, Extremadura es la que más tarda en abonar sus facturas, con 132 días de media, seguida de Aragón, con 126 días, y de Cataluña e Islas Baleares, con 100 días de media, respectivamente.
En el otro extremo, aunque ninguna comunidad autónoma cumple con los 30 días de pago establecidos por la Ley, las administraciones públicas que menos tardan en pagar a sus proveedores son La Rioja, con 48 días de media; País Vasco, con 49 días; Navarra, con 51 días; y Castilla y León y Canarias, con una media de 61 días.
Según el estudio, las comunidades autónomas que más han reducido sus periodos de pago hasta septiembre han sido Asturias (-34,8%), Cataluña (-27,5%), Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha (-31,6%). Por otro lado, las que más han incrementado sus periodos de pago han sido Extremadura (+71,4%), Galicia (+78,9%), La Rioja (+50%) e Islas Baleares (+37%).
Por tipos de administraciones, la Local ha sido la que más ha reducido su periodo de pago, con un descenso del 27,2%, al igual que la administraciones autonómicas, que han registrado una reducción del 24,6%. Por su parte, la Administración Central ha tardado una media de 44 días en realizar sus pagos, un 18,9% más que en el mismo periodo de 2014.
AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS, LOS ÚNICOS QUE CUMPLEN LA LEY
Teniendo en cuenta los periodos medios de pago atendiendo al tamaño de la empresa, según ATA, las empresas de más de 1.000 trabajadores continúan siendo las que más tardan en pagar, con una demora de más de 4 meses.
Según se desprende del estudio, cuanto menor es el tamaño de la empresa, menos se tarda en pagar las facturas a sus proveedores. Así, entre autónomos la media es de 54 días, mientras que las empresas que tienen de 1 a 9 trabajadores o de 9 a 50 trabajadores tardan una media de 57 y 69 días, respectivamente.
Este dato confirma que los autónomos y las empresas de menos 10 diez trabajadores son los únicos que pagan conforme a los plazos que establece la Ley, 57 días para las empresas de menos de 9 trabajadores y 54 para los autónomos, y «siguen realizando importantes esfuerzos para pagar en tiempo y forma sus facturas».
En el sector privado, por encima de la media nacional, Andalucía es la comunidad que más tarda en realizar sus pagos, con 96 días. Por detrás, se sitúan Extremadura, con 95 días, y Cataluña, con 93.
Sumando el periodo de pago medio del sector público y privado, Aragón y Extremadura registran mayores periodos de pago, de 105 días en el primer caso y de 113 en el segundo, lo que se traduce en una espera de casi cuatro meses desde que se emite la factura.
Desde ATA se pide que, para acabar con esta situación de morosidad se cree un cuerpo de inspección que la vigile, que se establezca un recargo del 20% inmediato para todas aquellas administraciones que no paguen en los plazos que establece la Ley o bien un régimen sancionador para todas aquellas administraciones y empresas que incumplan los pagos de forma reiterada, entre otras propuestas.