El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana y secretario del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Martínez (PSOE), ha remitido a la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) una comunicación en la que deja clara el criterio desfavorable del Ejecutivo regional hacia la proposición de ley del PP de suprimir el Consejo Económico y Social (CES) del Principado de Asturias.
«En el seno del Pleno del CES, por medio de sus miembros, se plasma la expresión colectiva de los representantes de la sociedad civil asturiana, fruto del diálogo, del consenso, del acuerdo común. Por ello, la existencia de este ente público de carácter consultivo es una garantía de calidad democrática en la toma de decisiones por el Principado de Asturias», explica Martínez en su argumentación.
Desde el Gobierno, a propuesta del Consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, manifiestan el criterio desfavorable del Consejo de Gobierno sobre la toma en consideración de la proposición de ley del PP.
Recuerdan que el pleno del CES está constituido por 24 miembros representantes de las organizaciones sindicales y empresariales, el Consejo de Gobierno, la Federación Asturiana de Concejos, la Universidad de Oviedo y la Fundación para el Fomento de la Economía Social. «Esta pluralidad de miembros presente en el CES pretende representar a la sociedad civil en su conjunto», señalan, e insisten en que se «configura como el único órgano a través del cual realmente se canaliza la participación de los agentes económicos y sociales y de otros como la Universidad y los ayuntamientos».
No cree el Gobierno regional que se vaya a producir el ahorro en materia de personal que supone el PP, porque la plantilla del CES está formada por 11 puestos de trabajo, de los cuales tres se encuentran vacantes. «Estos puestos de trabajo están ocupados, en su mayoría, por empleados públicos con derecho a incorporarse en otros puestos de la Administración del Principado de Asturias, por lo que la supresión del CES podría no implicar el ahorro en materia de personal que se supone», han explicado.
Por último, señalan desde el Ejecutivo regional asturiano que no es un órgano del Gobierno, sino un órgano «consultivo y de deliberación».