Adrián Barbón aprovechará la Conferencia de Presidentes que se celebrará el domingo en La Palma para reclamar que la Unión Europea (UE) actúe con celeridad y contundencia para atajar la subida de precios de la energía, disparada desde la agresión rusa a Ucrania. El jefe del Gobierno de Asturias advierte de que el encarecimiento, que afecta a toda Europa, amenaza la actividad empresarial –en especial, de las compañías que consumen mucha electricidad- y puede retrasar la recuperación económica.
A lo largo de la legislatura, el Principado ha reiterado su preocupación por la incidencia de los costes energéticos en la industria, dado que en Asturias se concentran compañías que son grandes consumidoras de electricidad, como Arcelor y Asturiana de Zinc. Entre otras propuestas, el Ejecutivo reclama que se eleven las compensaciones por emisiones de CO2 al máximo autorizado por la UE, tal como permite la Ley de Cambio Climático. Los presupuestos estatales destinan 179 millones a este objetivo, una cantidad muy por encima de la reservada durante los mandatos del Partido Popular –6 millones en 2018- pero aún insuficiente, según el criterio del Gobierno de Asturias.
Las medidas defendidas por el Principado incluyen la elaboración de un Estatuto propio para la industria altamente intensiva en el consumo de electricidad, tal como ha planteado la Junta General, una iniciativa que ha sido tomada en consideración por el Congreso. Además, promueve la puesta en marcha de un mecanismo que sustituya a la subasta de interrumpibilidad. Otras de las propuestas consisten en el fomento de contratos bilaterales a largo plazo con las eléctricas y en continuar aplicando medidas fiscales extraordinarias sobre la energía y la electricidad.
Unión en apoyo al Gobierno estatal
Todas estas peticiones continúan en pie. Ahora, la invasión de Ucrania ha desatado una subida vertiginosa de precios que no sólo está afectando ya a la actividad de las grandes consumidoras de energía, como Arcelor o Azsa, sino que está amenazando a muchas otras empresas y sectores de actividad. Esta situación ha multiplicado tanto los riesgos económicos como la inquietud del Principado. Tal como expresó Barbón el miércoles en el pleno de la Junta General, el Gobierno es partidario de que la Unión Europea adopte con rapidez todas las medidas que sean necesarias –hay varias opciones- para que no sea el gas, ahora la fuente energética más cara, la que fije los precios.
Con este planteamiento, el Principado respalda las propuestas que está defendiendo el Ejecutivo central ante los órganos comunitarios para frenar el alza de la energía y evitar así que se produzcan daños mayores a la industria y el conjunto de la economía. Para el Gobierno de Asturias, la situación excepcional que se está viviendo hace imprescindible una reacción fuerte, decidida y rápida de la UE.
El Gobierno de Asturias entiende que en este momento de crisis e incertidumbre las Administraciones están obligadas a ofrecer respuestas sólidas a la ciudadanía. Por ello, es partidario de que todas las comunidades autónomas apoyen a una los esfuerzos que está desplegando el Gobierno de España para apremiar a la UE a que intervenga cuanto antes en el mercado energético. Ahora, sostiene el Ejecutivo autonómico, es necesario que todas las Administraciones remen en la misma dirección para proteger la actividad económica.
Acelerar la puesta en marcha de la regasificadora
El Principado también considera que esta coyuntura debe acelerar la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel, una instalación que puede contribuir a la autonomía energética de la Unión, dada su capacidad de almacenamiento de combustible o la posibilidad de realizar otras funciones en el sistema gasístico.
El Gobierno de Asturias manifiesta además su preocupación por el incremento de los productos derivados del petróleo y de los suministros, que ya están afectando a sectores básicos de actividad como el transporte de mercancías, la agricultura y la flota pesquera. Para el Ejecutivo, la acelerada escalada de los combustibles no parece justificada: su coste debería responder a los precios de compra del petróleo de hace dos meses, no a los niveles actuales de cotización del crudo en los mercados a consecuencia de la invasión de Ucrania.