La Mesa del Senado ha acordado ampliar al 20 de octubre el plazo para que los Parlamentos autonómicos le propongan magistrados para cubrir la plaza vacante en el Tribunal Constitucional por el fallecimiento en abril de Luis Ignacio Ortega.
La Cámara Alta retrasó ya en el mes de julio este plazo y lo situó en el 15 de septiembre, puesto que los legislativos regionales se encontraban en pleno proceso de constitución y organización tras las elecciones del 24 de mayo. Llegada la nueva fecha, la Mesa ha acordado hoy volver a dar más tiempo a los parlamentos: hasta el 20 de octubre.
Como los plazos se prolonguen, cabe la posibilidad de que esta renovación no se pueda aprobar sin embargo en esta legislatura, dado que las elecciones generales están previstas en diciembre y las Cortes se disolverán previsiblemente a finales de octubre.
Ortega había sido elegido en diciembre de 2010 dentro del cupo de magistrados que le corresponde nombrar al Senado, que prevé la participación de los legislativos autonómicos en este proceso proponiendo nombres, aunque la Cámara no está obligada a elegirlos si no los considera adecuados. En ese caso, los grupos parlamentarios hacen sus propuestas.
DEL CUPO PROGRESISTA
El magistrado fallecido pertenecía al sector progresista del órgano de garantías, tomó posesión de su cargo a principios de 2011 tras dejar la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Había sido director general del Departamento de Asuntos Institucionales Presidencia del Gobierno en 1983, durante el primer gobierno de Felipe González.
Ortega ha venido votando con la minoría progresista del Tribunal Constitucional en asuntos de gran trascendencia pública como el que acordó mantener en prisión al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por el intento de reconstrucción de la formación ilegalizada a través del proyecto Bateragune.
Su voto fue contrario al de la mayoría conservadora en otros asuntos como el que avaló el recurso presentado por el Parlamento de Navarra contra tres puntos de la reforma laboral, entre ellos el contrato de apoyo a emprendedores; o la previsión de la Ley de Seguridad Social de 1994, según la cual es necesario haber contraído matrimonio para poder acceder a la pensión de viudedad en caso de fallecimiento del cónyuge.