La Consejería de Presidencia realizará un estudio preliminar de siete de las más de 400 fosas franquistas localizadas en el Principado de Asturias para proceder a su exhumación este mismo año. Las fosas seleccionadas son Bimeda, Vega del Rengo y Vuelta del Cáscaro, en el puerto de Leitariegos, todas ellas en el concejo de Cangas del Narcea, así como las ubicadas en el alto del Palomo (Gozón), Gúa (Somiedo), el Molín de Xilu-Landrio (Las Regueras) y El Fitu (Parres). Para estos trabajos se contará con empresas especializadas y se realizarán catas que aseguren resultados de cara a la exhumación.
Las actuaciones se financiarán con cargo a los 187.000 euros que el Principado recibirá del fondo del Estado, dotado con 11,3 millones, para la recuperación de la memoria democrática. Esta cantidad servirá, asimismo, para otros proyectos como la elaboración de una estrategia para dar respuesta a las familias asturianas que siguen buscando a sus víctimas. Esto implica completar estudios históricos de un grupo importante de fosas, con el fin de tener preparado un plan cuatrienal de exhumaciones. También se adecuarán y señalizarán lugares y se restaurarán placas y monumentos que han sufrido daños.
La consejera de Presidencia, Rita Camblor, y la directora de Emigración y Memoria Democrática, Begoña Serrano, han abordado estas cuestiones en la I Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, convocada por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
En el encuentro telemático, Camblor ha recordado la dificultad que entrañan los trabajos de localización, exhumación e identificación de víctimas represaliadas por el franquismo, ya que en Asturias hay un mapa con 408 fosas, de las que sólo 38 han sido exhumadas.
“Dejando aparte las fosas comunes de los cementerios de Oviedo, Gijón y Avilés, en las que podemos hablar de miles de personas, tenemos otras repartidas por toda la geografía asturiana y las víctimas posibles inhumadas en cada una de ellas van desde dos personas hasta grupos de 60. Esto nos coloca en una situación de especial dificultad”, ha explicado la consejera.
Parte importante de las ya localizadas requieren un estudio histórico más profundo antes de proyectar actuaciones. Por esta razón, según ha explicado Camblor, el Principado ha informado este año al ministerio sobre 44 que tienen respaldo documental y testimonial suficiente para tener la seguridad de que allí se realizaron fusilamientos e inhumaciones clandestinas. La consejera ha subrayado, además, la importancia de contar con un banco de ADN nacional que permita avanzar en el reconocimiento de las víctimas.
La titular de Presidencia también ha valorado la convocatoria de la conferencia sobre memoria democrática: “Este trabajo no puede compartimentarse, ya que los asesinatos y las inhumaciones clandestinas no conocieron fronteras entre las comunidades. De esta forma, avanzaremos en la búsqueda de las personas desaparecidas”.