El Gobierno de Asturias financiará con 100.000 euros un programa de ayuda humanitaria de ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, para ayudar a hacer frente a los efectos de la COVID-19 en la República Democrática del Congo.
La actuación pretende mejorar las infraestructuras en la zona de Fizi, en la provincia de Kivu Sur, y facilitar el acceso a la vivienda de la población retornada a esta parte del país especialmente vulnerable a los efectos de la pandemia. El objetivo es evitar contagios, proteger la salud y favorecer la integración de los habitantes.
El proyecto beneficiará a unas 300 familias, – un total de 1.800 personas puesto que la media es de seis miembros-, a las que la comunidad construirá una vivienda o entregará kits de autoconstrucción, según el grado de vulnerabilidad.
Las personas que recibirán la ayuda se encuentran en una situación de gran precariedad, puesto que carecen de los medios necesarios para acceder a una vivienda digna y se ven obligadas en la mayor parte de los casos a permanecer en casas de familias de acogida superpobladas. El espacio insuficiente en los hogares, sumado a la gran cantidad de viviendas destruidas en la zona, son factores de riesgo frente al coronavirus. También pueden favorecer que afloren casos de violencia sexual y de género y situaciones de falta de dignidad e intimidad debido al hacinamiento.
La República Democrática del Congo es el tercer país más grande del continente africano, ocupa el puesto 179 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano, y es uno de los países del África Subsahariana prioritarios de la cooperación al desarrollo asturiana.
El país enfrenta una profunda crisis humanitaria agravada por la presencia de la COVID-19. Según el Plan de Respuesta Humanitaria de la OCHA 2020 (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), en el conjunto de la nación viven 15,6 millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria, lo que representa un crecimiento del 22%, en comparación con el año 2018 (12,8 millones de personas). Es el segundo país del mundo con mayor inseguridad alimentaria y alberga la mayor población de desplazados internos de África, con 5,01 millones.
La alta prevalencia de enfermedades con potencial epidémico contribuye a la complejidad y gravedad de la situación humanitaria, en un contexto en el que el acceso a los servicios y las infraestructuras básicas (vivienda, atención de la salud, agua, higiene, saneamiento, carreteras, electricidad, etc…) ya es muy limitado. La República Democrática del Congo experimenta además la peor epidemia de sarampión de su historia y una segunda epidemia de ébola.
Las consecuencias del brote del COVID-19 para las mujeres y las niñas incluyen un aumento de las responsabilidades de cuidado y del hogar. Esto reduce las oportunidades de educación y de actividades para ganarse el sustento, al tiempo que aumenta la exposición al virus. En este marco, las intervenciones que se desarrollarán tendrán un impacto positivo directo sobre las mujeres congoleñas retornadas.
Para responder mejor al desafío que plantea esta pandemia, el 25 de marzo ACNUR declaró al COVID-19 una emergencia mundial de nivel 2, activando los procedimientos de emergencia y dando a las operaciones en los países la máxima flexibilidad y acceso a los recursos para garantizar la prestación de asistencia a las personas. ACNUR lleva trabajando en RDC desde 1975 con la puesta en marcha de operaciones humanitarias de las personas desplazadas y refugiadas y de las poblaciones de acogida.