El Gobierno de Asturias destina 2.650.000 euros a la convocatoria anual de subvenciones para la ejecución de proyectos de cooperación, solidaridad, promoción y consolidación de un desarrollo económico y social en países empobrecidos. Estos fondos impulsarán iniciativas que faciliten el acceso de la ciudadanía a servicios básicos y la disminución de desigualdades, con especial atención a mujeres y niñas.
La partida, aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno, financiará la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a través dos líneas:
– Proyectos de desarrollo. Respalda proyectos de temporalidad anual, con objetivos y población muy definida, por un importe máximo de 120.000 euros. En total, esta línea se dedican este año 2,5 millones.
– Microacciones de desarrollo. Este instrumento va dirigido a iniciativas de menor dimensión y prevé una financiación máxima de 30.000 euros por proyecto. Para financiar esta línea se reservan 150.000 euros.
Además, se reserva un 10% para acciones dirigidas exclusivamente a organizaciones de mujeres, con el fin de favorecer su empoderamiento, mejorar los niveles de equidad de género y apoyar a los pueblos indígenas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).
En 2019, el Principado apoyó 25 proyectos y 4 microacciones desarrolladas por 29 oenegés en 16 países de América Central, América del Sur, África y el Caribe, por un importe total de 2.610.004 euros. Los fondos y su destino se desglosan del siguiente modo:
– América central y Caribe: 12 acciones por 1.027.154 euros.
– América del sur: 10 actuaciones por 921.256 euros.
– África: 7 intervenciones con una ayuda de 661.594 euros
Países prioritarios de la cooperación asturiana
El V Plan Director de Cooperación 2017-2021 establece como países prioritarios los siguientes: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, Bolivia, Paraguay, República Democrática del Congo, Benín, Malí, Etiopía, Senegal, Chad y Sierra Leona. También otorga prioridad a la población saharaui y palestina del Magreb y Oriente Medio.
El documento también establece que las naciones de atención especial son Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Cuba.