La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha informado esta mañana, durante una reunión con el grupo de trabajo de la Junta General para el seguimiento y evaluación del coronavirus, que el proceso de desescalada en los servicios sociales se llevará a cabo de forma individualizada, adaptada a cada centro y consensuada con las entidades privadas y los agentes sociales. “El optimismo contenido y la escrupulosa prudencia han sido las máximas para la elaboración de la propuesta hacia la nueva normalidad”, ha explicado la consejera.
Melania Álvarez ha advertido de que las decisiones que se tomen a partir de ahora “son cruciales”. Por ello, se contará con la colaboración de los agentes sociales, de modo que sean “copartícipes de la implementación de gran parte de las medidas establecidas”, así como con las entidades privadas. La consejera ha explicado que la hoja de ruta debe ser entendida como un “documento vivo, una propuesta en continua actualización y evaluación por parte de profesionales expertos y cuya aplicación responderá estrictamente a las decisiones que el Gobierno de España o las autoridades sanitarias autonómicas tomen al respecto”.
La titular de Derechos Sociales y Bienestar ha asegurado que se han tenido en cuenta las aportaciones y consideraciones de las diferentes asociaciones de residencias privadas, así como de las empresas de ayuda a domicilio y de gestión de centros de día, entidades del tercer sector, el Colegio Oficial de Trabajo Social, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y la Federación de Asociación de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA).
Melania Álvarez ha afirmado que todas las medidas que se adopten estarán encaminadas a garantizar la mayor seguridad posible Uno de los principales objetivos del itinerario de desescalada es minimizar el impacto del estado de alarma sobre la población vulnerable usuaria de los servicios sociales. La consejera también abogó por un marco de actuación preciso y homogéneo, tanto para los servicios públicos como para los privados.
“Por la complejidad del contexto del sistema asturiano de servicios sociales, la diversidad de su población destinataria y la pluralidad de agentes participantes en el mismo, esta desescalada debe ser armonizada para garantizar la equidad tanto en la atención como en las garantías de seguridad para las personas usuarias, porque creemos en el valor de lo público y porque mantenemos más vivo que nunca el lema de que a cada compromiso una acción”, ha subrayado la consejera.