El Gobierno de Asturias ha aprobado varias medidas excepcionales para afrontar la crisis provocada por el coronavirus COVID-19, todas dirigidas a proteger a las personas más vulnerables. Entre ellas, el Ejecutivo ha acordado varias medidas de apoyo, fomento y coordinación para la prestación de los principales servicios sociales básicos durante el estado de alarma con el fin de blindar la asistencia a colectivos como los mayores que reciben cuidados en sus hogares a través de la ayuda a domicilio.
Además, para garantizar las prestaciones básicas a todas aquellas personas que no se encuentran en centros de alojamiento residencial, el Ejecutivo ha autorizado un gasto de 28 millones para la concesión directa de subvenciones a entidades locales. Se trata del adelanto de la cuantía que el Principado aporta anualmente a la financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas Sociales, y que cofinancian ayuntamientos y mancomunidades.
Con estos fondos, las entidades locales sufragan los servicios sociales básicos, incluidos gastos de personal, mantenimiento de centros y prestaciones. En este último apartado se incluyen la información y valoración de las demandas recibidas, las ayudas de emergencia, los programas de incorporación social, la tele-asistencia y la atención a domicilio a personas no dependientes, así como otras iniciativas que pretenden fomentar la vida activa y saludable, entre las que figuran el proyecto Rompiendo distancias y los centros rurales de apoyo diurno.
La aportación del Principado, como ocurre en el reparto del plan concertado, varía en función del tamaño de los concejos, con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios.
A propuesta de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, el Consejo de Gobierno ha adoptado varias medidas de carácter transversal sobre estos servicios esenciales, entre los que se incluyen la ayuda a domicilio en todas sus modalidades, así como cualquier otra de análoga naturaleza que se preste en las viviendas. Tendrán la misma consideración la teleasistencia domiciliaria y la atención a las personas sin hogar. De este modo, se asegurarán los cuidados, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación de mayores, personas con algún tipo de discapacidad o dependientes. Esta decisión se suma a otras medidas adoptadas por las consejerías de Salud y Presidencia, todos ellos con el objetivo de contener la expansión del coronavirus y ayudar a quienes más lo necesitan.
Estas medidas garantizarán la financiación de estos servicios, su correcta prestación y la coordinación y colaboración en todo el territorio, especialmente con las entidades locales. Asimismo, se plantea la ordenación de las iniciativas de voluntariado que están surgiendo en la comunidad, con el propósito de que se desarrollen de acuerdo con las normas que regulan el vigente estado de alarma.