La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de las medidas puestas en marcha para agilizar la tramitación del salario social, una de las prioridades de su departamento. Entre tales iniciativas destaca la aceptación de la declaración responsable, que acortará sustancialmente los plazos.
Con la declaración responsable, las personas solicitantes del salario social afirman que cumplen todos los requisitos para acceder a la prestación. De este modo, el expediente se inicia de inmediato. A diferencia de lo que sucedía hasta ahora, la comprobación se hará a posteriori. La aplicación de esta medida comenzará a partir del 2 de marzo, fecha en la que estarán disponibles los nuevos modelos de declaración responsable en todos los centros de servicios sociales municipales y para la ciudadanía en general.
Se estima que esta medida tendrá un impacto directo en alrededor de las 2.500 personas que, de media, comunican altas y bajas en prestaciones por desempleo y contratos temporales al año, así como en las personas solicitantes que declaran no percibir ingreso alguno.
La declaración responsable es sólo una de las decisiones adoptadas por la consejería para acelerar los trámites y reducir la lista de espera del salario social. Así, a partir de mayo se fortalecerá el servicio de revisión con 17 empleados públicos más y se dará prioridad a aquellos relacionados con altas y bajas de contratos laborales o relacionados con la formación o el empleo. El objetivo es evitar que el acceso al mercado laboral, sea transitorio o permanente, provoque demoras en la prestación. Otra de las metas que se ha fijado la consejería es impulsar la reincorporación de los beneficiarios de esta prestación al mercado laboral a través de medidas vinculadas a la economía verde y el cuidado de las personas.
Melania Álvarez ha subrayado que agilizar la gestión es una “prioridad indiscutible”. Aunque los datos de 2019 muestran una tendencia a la baja en la demanda del salario social, la consejería está impulsando medidas concretas para atender a todos los beneficiarios y “no dejar a nadie atrás”. De hecho, en diciembre la lista de espera se había reducido un 33% (de 1.327 solicitudes a 888). Además, el número de nuevas peticiones también había disminuido: 57, frente a un promedio de 246 de los meses anteriores.
Las perspectivas para este año apuntan a que esa tendencia a la baja continúe. El presupuesto consigna un crédito inicial de 116.750.000 euros que permitirá atender a unas 22.000 familias. En 2019, la partida destinada a esta prestación fue de 120,7 millones.
El desarrollo de la agenda social está marcando las reuniones del Consejo de Gobierno desde el inicio de año. El 24 de enero, la titular de Derechos Sociales informó de la ampliación hasta 700 euros mensuales de las ayudas a las familias que acojan a menores. Y más recientemente, la pasada semana, el Ejecutivo ratificó el acuerdo que determina los servicios y programas susceptibles de ser prestados por las entidades del tercer sector, un trámite necesario para aplicar la Ley de Acción Concertada, aprobada en marzo de 2019.