El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda la firma de convenios con ayuntamientos para la gestión del Programa contra la Pobreza Infantil. En total, el programa movilizará 1.687.700 euros, un 20,5 por ciento más que en 2014. Conforme al reparto de partidas para esta prestación de urgencia social, la Administración autonómica aportará 600.000 euros y el Gobierno central, casi 1,1 millones.
A través de esta ayuda específica, el Gobierno de Asturias atenderá a 2.411 familias en situación de privación material severa en sus hogares con menores a su cargo, 441 familias más que en 2014. Se trata de una medida de protección a la infancia y de apoyo familiar en su modalidad de prestación económica directa. Su finalidad es atender a las situaciones de riesgo para el desarrollo integral de los menores, cuyo entorno familiar carezca de recursos para su atención.
Las ayudas consistirán en un único pago de 700 euros, atendiendo a las propuestas de UNICEF en relación a la cuantía mínima que debería estipularse para las prestaciones por hijo a cargo. La ayuda económica será directa a las familias con menores que cumplan con los criterios del indicador propuesto por la Unión Europea, AROPE (Estrategia 2020). Dicho indicador combina tres conceptos: el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo.
Las ayudas van dirigidas a unidades familiares que no puedan hacer frente a gastos ordinarios tales como alimentación, vestido, suministros generales de la vivienda y material escolar. Los ayuntamientos serán los encargados de gestionar las ayudas mediante la firma de convenios de colaboración.
La selección de las familias se hace a partir de los datos remitidos por los ayuntamientos a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda acerca del número de familias con menores a cargo que pudieran estar por debajo de los valores del Indicador AROPE.
Asturias ha optado por las ayudas directas para combatir la pobreza infantil. Este modelo fue consensuado, ya en 2014, con las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la infancia y que consideraron la medida más normalizada para abordar el riesgo de exclusión social. Con la concesión de ayudas directas se evita la estigmatización social de los menores y las familias en una situación de vulnerabilidad.
Estas ayudas son un complemento a todos los esfuerzos que ha realizado el Gobierno de Asturias en los últimos años en la lucha contra la exclusión social, cuya principal herramienta es el Salario Social Básico. Este año, el presupuesto es de 83,3 millones de euros. Y en este primer semestre se han alcanzado los 16.336 beneficiarios o unidades económicas de convivencia, lo que supone llegar a más de 35.939 personas. Asturias es la comunidad autónoma que tiene una mayor tasa de cobertura, además de ser la que más dinero destina a este fin.
A 31 de mayo había pendientes 914 solicitudes, cuando en junio de 2012 había unas 5.000 personas en lista de espera, lo que significa que se está llegando más rápido y mejor a quienes más lo necesitan y se están tramitando solicitudes del mes de abril, es decir, en un plazo inferior a los tres meses establecidos en la ley.