La nueva Ley de Acción Concertada, aprobada hoy por unanimidad en la Junta General, garantizará la continuidad de la colaboración con las entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales. Esta norma, muy demandada por el tercer sector, permitirá impulsar un modelo sostenible y cohesionado, basado en la cooperación con las organizaciones que desarrollan una labor eficiente en todos los campos de la atención social.
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, que ha defendido el proyecto de ley ante la Cámara, ha destacado la importancia del texto, con el que el Ejecutivo autonómico cumple su compromiso de dar estabilidad a la colaboración con las entidades. Además, ha agradecido al tercer sector y a los grupos parlamentarios su contribución para sacar adelante la norma.
La nueva legislación favorecerá el derecho de los usuarios a una asistencia continuada y de calidad, que tendrá en cuenta el arraigo de las personas en su entorno. Además, su contenido se podrá aplicar a otros ámbitos de la Administración autonómica y también por parte de las entidades locales, que pasarán a contar con un marco seguro para la concertación de servicios.
La norma regula las medidas necesarias para la aplicación del régimen de acción concertada: ámbitos susceptibles de acuerdos, prestaciones y características de las entidades colaboradoras, etcétera. Asimismo, define como ámbitos de aplicación las prestaciones dirigidas a garantizar la protección de menores, la atención a personas con discapacidad o dependientes y sus familias, y aquellas medidas que favorecen la inclusión social, entre otras que pueda determinar el Consejo de Gobierno en el ámbito de sus competencias.
La finalidad de la acción concertada será la reserva y la ocupación de plazas para usuarios de servicios sociales de responsabilidad pública, además de la gestión integral de prestaciones, servicios, programas, recursos o centros.
Características de las entidades
Para la selección de las entidades, se tendrá en cuenta su implantación en la localidad donde se vaya a prestar el servicio, la valoración de las personas atendidas, la calidad y la continuidad en la asistencia, la experiencia acreditada en la gestión y sus certificaciones de calidad. Además, se valorarán las buenas prácticas sociales y de gestión, así como la formación específica del personal.
Las formas actuales de prestación de servicios sociales, diseñadas al amparo del marco jurídico europeo, estatal y autonómico, se basan en una combinación equilibrada entre la gestión directa, indirecta y la acción concertada, con el fin de ofrecer la respuesta más eficiente a las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad.
El texto legal aprobado es similar a los promulgadas en Aragón, Navarra o Valencia, y se ampara en la directiva europea 2014/24 y en su transposición al ordenamiento español a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Estas normas prevén la posibilidad de que las autonomías concierten mediante instrumentos no contractuales servicios públicos que satisfacen necesidades sociales. También están en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que ratificó la acción concertada como instrumento de colaboración entre las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro, basada en los principios de solidaridad y eficiencia presupuestaria.
Proposición de ley
El Parlamento ha aprobado también por unanimidad una proposición de ley para amparar con un marco jurídico el desarrollo la historia social única electrónica (HSUE) en Asturias, un sistema integrado de información, similar a la historia clínica, pero centrada en el ámbito de los servicios sociales, que permitirá tener acceso en formato electrónico a todos los documentos que contienen datos, valoraciones e informaciones sobre la situación y evolución de la atención a los usuarios.
La iniciativa es uno de los compromisos de la concertación social y forma parte también de las medidas del Plan Sociosanitario recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno. Su puesta en marcha, coordinada desde la Dirección General de Planificación, Ordenación e Innovación Social, tendrá su primer hito esta primavera, con la implantación de un visor piloto que servirá para ensayar parcialmente el funcionamiento del sistema por parte de profesionales autorizados de la Administración autonómica y de los ayuntamientos.
El presupuesto para este año incluye ya una partida de 460.000 euros en la Dirección General de Tecnologías de la Información para el desarrollo de este proyecto, que contará con una inversión plurianual estimada de 1,5 millones.