El Tribunal Constitucional, en sentencia del pasado 28 de mayo, ha declarado nulo el impuesto sobre depósitos en entidades de crédito asturiano, creado por la Ley de Presupuestos Generales de Asturias para 2013 y vigente desde el 30 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014. En sentencias recientes, el Tribunal Constitucional también ha anulado los impuestos sobre depósitos bancarios de la Comunidad Valenciana y de Cataluña, recurridos como el asturiano por parte del Gobierno central. En cumplimiento de la sentencia, el Principado abonará a las entidades bancarias en torno a 9 millones de euros en los próximos meses.
Para la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, la anulación de los impuestos sobre depósitos bancarios valenciano, catalán y asturiano pone de manifiesto una vez más, como el Gobierno del Principado ha exigido en varias ocasiones, “la necesidad de reformar el sistema tributario con el fin de clarificar el alcance de las competencias autonómicas en materia impositiva y armonizar y actualizar los tributos existentes evitando la conflictividad innecesaria entre administraciones en el ámbito tributario”.
“Solo así”, ha continuado la consejera, “las administraciones autonómicas podremos hacer uso legítimo de nuestro margen de acción fiscal con la seguridad que requiere la sostenibilidad financiera de los servicios públicos fundamentales y tan sensibles que debemos prestar”.
Desde su creación en 2012, el tributo asturiano fue objeto de bloqueo por parte del Gobierno central. A través de una enmienda a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, el Ejecutivo central creó su propio impuesto a tipo cero, que entró en vigor el 1 de enero de 2013 y que fue modificado posteriormente en 2014 incrementando el tipo hasta el 0,03%. Contra ambas decisiones el Gobierno del Principado interpuso recursos de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional ha desestimado en recientes sentencias.
La litigiosidad a la que fue sometido el impuesto asturiano por parte del Gobierno central afectó a la recaudación efectiva del tributo. La consejera de Hacienda ha recordado que, como siempre ocurre en estos casos, “algunos de los contribuyentes optaron por no realizar los pagos y presentar en su lugar avales bancarios como garantía”. Así, en 2013 las autoliquidaciones presentadas por las entidades financieras ascendieron a 35,7 millones de euros y la recaudación efectiva fue de 4,8 millones de euros. En 2014 las autoliquidaciones ascendieron a 54,9 millones de euros y la recaudación efectiva fue de 1,5 millones de euros.
La sentencia del Tribunal Constitucional analiza en primer lugar la forma en que se aprueba el tributo, puesto que en su día el Gobierno central sostuvo que no se podía crear tributos mediante una Ley de Presupuestos autonómica. Sin embargo, el Tribunal Constitucional da la razón al Principado de Asturias en este sentido y afirma que la forma de proceder de la comunidad autónoma fue correcta. En segundo lugar, se analiza la similitud del impuesto estatal y el autonómico, concluyendo que ambos se solapan y otorgando la preferencia al tributo estatal. Es este elemento el que deriva en la inconstitucionalidad del impuesto asturiano. La sentencia no entra sin embargo a analizar las fechas de entrada en vigor de ambos impuestos.
En cumplimiento de la sentencia, el Principado procederá ahora a devolver a las entidades bancarias la recaudación obtenida en 2013 y 2014, que asciende a un total de 6,3 millones de euros, cifra a la que habrá que sumar también los intereses de demora y el coste de los avales bancarios presentados. “Estamos hablando aproximadamente de unos 9 millones de euros”, ha indicado la consejera. A través del impuesto sobre depósitos bancarios estatal vigente, se estima que el Principado ingresará en 2015 en torno a 13 millones de euros.