El proyecto de Ley de Salud, que se está tramitando en la Junta General, permitirá responder a las necesidades de una sociedad en continuo desarrollo, y adaptarse a los nuevos modelos de atención sanitaria y salud pública. El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha informado hoy en el Parlamento sobre esta iniciativa y ha subrayado que la norma es la base para mantener y consolidar un sistema universal, de calidad, equitativo, sostenible y con la mayor capacidad de prestaciones y servicios.
Del Busto ha señalado que el documento demuestra el compromiso del Ejecutivo con la salud, que es una de sus grandes prioridades. En este sentido, ha destacado que el texto legal es la plataforma para desarrollar políticas que atienden a la salud individual de las personas, mediante la atención a los procesos de enfermedad, y a las comunitarias. Así, aborda cuestiones como la educación y la promoción de hábitos adecuados, aspectos medioambientales y determinantes sociales. Al mismo tiempo, potencia una red de servicios que permite afrontar las necesidades de los pacientes, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto. Para ello, el Principado apuesta por reforzar el papel de la atención primaria, el trabajo multidisciplinar y la cooperación con los servicios sociales y el tercer sector.
Además, la norma configura el sistema sanitario como el conjunto organizado de todos los recursos capaces de influir sobre el estado de salud de la población, sitúa el mapa sanitario como instrumento primordial de la planificación territorial y configura una red integrada de servicios que gestionará los procesos de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, la coordinación asistencial, el fomento de los autocuidados y la atención a pacientes crónicos, entre otros fines.
También establece que el marco de referencia para todas las actuaciones en materia de salud y servicios sanitarios será el Plan de Salud, que se presentará esta semana. Vinculado a este documento estará el Observatorio de la Salud, que será su órgano de difusión y promoverá el análisis continuo de la situación en Asturias.
Otro de los aspectos más relevantes del proyecto de ley es que crea, entre otros órganos, el Consejo de Pacientes del Principado, que favorece la participación social, y el Observatorio de Garantía de Derechos y Deberes en Salud, con el fin de reforzar la protección de los usuarios en ámbitos como la intimidad, la confidencialidad y la autonomía de decisión.
Asimismo, el texto plantea la promoción de mecanismos de cooperación para que el sistema sanitario contribuya al desarrollo económico y social de la comunidad. También define el sistema de información de salud como la combinación de procedimientos y recursos para recoger, ordenar y transmitir datos de forma transparente a la sociedad.
Amplia participación
El documento es fruto del consenso y de las aportaciones de agentes de diferentes ámbitos de la sociedad. En su elaboración se ha contado con el apoyo del Consejo Asesor de Sanidad y de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, así como de personas relevantes del ámbito sanitario autonómico y nacional. También han participado, entre otros, colegios profesionales, la Federación Asturiana de Concejos (FACC), organizaciones sindicales y asociaciones y colectivos relacionados con el ámbito de la salud.
El Principado impulsa esta nueva norma, que sustituirá a la vigente desde 1992, en un contexto de nuevas tendencias sociales, demográficas, epidemiológicas y de gestión, que afectan profundamente a los sistemas sanitarios. Fenómenos como la cronicidad, la pluripatología y el envejecimiento de la población obligan a configurar un patrón de atención cada vez más complejo y eficaz.
Durante su comparecencia, el consejero ha destacado la importancia del texto y ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios para su aprobación. “El documento abarca lo más importante, es general, claro y lo suficientemente equilibrado para que todas las sensibilidades puedan reconocerse en el texto”, ha valorado.