Gaspar Llamazares, diputado de IU de Asturias y candidato a la presidencia del Principado, denuncia un paso más de la dirección del Centro Penitenciario de Villabona en su “inaceptable” campaña de acoso y derribo contra la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE). Sin que el Gobierno haya dado aún la menor explicación tras la muerte en el Centro Penitenciario de Villabona de tres reclusos en los últimos meses, Instituciones Penitenciarias prosigue su acoso a la Unidad Terapéutica Educativa (UTE) de la prisión, advierte el candidato de IU a la presidencia. “Ahora acusa a su responsable de no haber proporcionado tratamiento por la hepatitis C a una interna, cuando se trata de una medida sujeta a prescripción médica y autorización de Instituciones Penitenciarias” explica el diputado de IU por Asturias.
A su juicio esta campaña de acoso y derribo pretende socavar el prestigio de la UTE, con vistas a la supresión de un proyecto pionero en la reinserción de los reclusos. Se trata igualmente de correr una cortina de humo sobre la gestión conflictiva e inepta de esta prisión, en la que en los últimos tres años los incidentes graves han aumentado en un 175%, advierte Llamazares en el texto que acompañan a las preguntas al Gobierno que ha registrado esta mañana. Del mismo modo, ha pedido la comparecencia del Secretario General de Instituciones Penitenciarias en el Congreso.
Llamazares recuerda, una vez más, que en vez de seguir las recomendaciones del Defensor del Pueblo en favor de la UTE, Instituciones Penitenciarias se atrinchera en la defensa a ultranza de la dirección del centro penitenciario asturiano. La Defensora del Pueblo criticaba, por si se les ha olvidado, lo siguiente: “merced a ciertas decisiones de la dirección, se había procedido a la flexibilización de las condiciones de estancia de los internos; la rebaja del contenido del contrato terapéutico; la puesta en duda del valor de los programas que desarrollan las ONG colaboradoras; la devaluación de las competencias del equipo multidisciplinar; la retirada a los profesionales de la Unidad Terapéutica Educativa de su capacidad de decisión sobre la permanencia en el programa de las personas internas, según se había entendido hasta el momento; la reducción del servicio administrativo; la entrada en servicio de funcionarios de vigilancia no comprometidos con el proyecto y con ello la pérdida de la función de los tutores.”
En concreto, la Defensora del Pueblo instaba a Instituciones Penitenciarias “a dictar una instrucción reguladora de la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Villabona, que contemplara fiel e íntegramente lo que tradicionalmente ha sido su modelo normal de funcionamiento”. El informe concluía con “la necesidad de que sean respetados los planteamientos de intervención en los términos expuestos por los funcionarios que en su momento la alumbraron, cuyo esfuerzo permitió su ulterior desarrollo y público reconocimiento”.