El Ejecutivo asturiano ha aprobado el proyecto de Ley de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o género, que aborda desde una perspectiva integral las necesidades de las personas trans, con el fin de promover su plena incorporación social en condiciones de igualdad y combatir cualquier vulneración de derechos que coarte su libertad.
El nuevo marco legislativo sienta las bases para racionalizar y universalizar la atención médica y social a este colectivo y plantea, además, la aplicación de medidas contra la discriminación en los ámbitos educativo, laboral y cultural para asegurar sus derechos.
Para elaborar la norma con un amplio nivel de acuerdo, el Principado impulsó un proceso participativo en el que han tomado parte el movimiento asociativo, representado por la Asociación Asturiana de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Xega), y todos los grupos con representación parlamentaria.
El proyecto eleva a rango de ley la prescripción de tratamientos hormonales que actualmente se realiza en la Unidad de Tratamiento de Identidad de Género del Hospital San Agustín de Avilés y garantiza acompañamiento y apoyo psicológico a las personas trans y sus familias.
En el ámbito educativo, promueve la elaboración de un protocolo para preservar la identidad sexual y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado, al tiempo que plantea la inclusión en los currículos de contenidos sobre orientación sexual y género.
En la Administración autonómica, prevé la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades en las convocatorias de fomento del empleo y medidas de bonificación fiscal o subvenciones para la integración laboral de las personas trans.
Por otro lado, apuesta por el diseño de un programa de actuación para la inserción y atención social de personas en grave riesgo de exclusión, con especial atención a los menores expulsados de sus hogares. También plantea la elaboración de un protocolo de atención policial en caso de que las personas transexuales sean víctimas de agresiones, acoso o coacciones, tanto físicas como por medios virtuales.
La norma identifica hasta ocho tipos de situaciones de discriminación, entre las que figuran la marginación directa, el acoso y la represalia, e incorpora un régimen de sanciones e infracciones con multas que oscilan entre los 200 y los 45.000 euros.