Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de IU en la Junta General, aseguró que esta semana será decisiva para los presupuestos en Asturias y que para la coalición hay avances significativos que está seguro que se pueden cerrar antes de final de semana. “No hay ninguna razón para que Asturias no tenga unos presupuestos sociales, con mayor justicia fiscal y que permitan al futuro Gobierno gobernar y gestionar la comunidad autónoma”, dijo el portavoz de IU al término de la reunión de la Junta de Portavoces. De lo contrario, en caso de ir a la prórroga sería una “prórroga muy agravada, con graves consecuencias para la comunidad autónoma y sobre todo para los ciudadanos asturianos”.
IU, recordó, tendrá una posición global en relación al presupuesto. La posición inicial es de no bloquear el presupuesto y seguir negociando. En concreto, Llamazares relató avances en materia educativa y en la enseñanza cero a tres, en sanidad y servicios sociales y en política de cooperación con el resto de los municipios, mientras se negocia en estos momentos sobre el impuesto hipotecario a la banca y otros temas de carácter social e inversiones. El presupuesto será registrado el próximo martes, día 27 por el Gobierno asturiano en la Junta General.
Sobre la reforma del Estatuto para la cooficialidad del asturiano, Llamazares declaró que a IU hubiera deseado que la propuesta sobre oficialidad hubiese tenido mayoría parlamentaria en la comisión de estudio creada a principios de legislatura y “no la tuvo”, explicó, por la posición diferente entre el Gobierno y la FSA. “Lamentamos que la posición mayoritaria de la FSA no sea operativa en el grupo parlamentario y en la Junta General y no teníamos otra alternativa que proponerle a la Cámara una propuesta programática sobre la futura cooficialidad y que esperamos, que de no ser en esta ocasión, sí en el primer periodo de sesiones de la futura Junta General, que sea un hecho”, sostuvo Llamazares. A juicio del portavoz, IU hubiera deseado que fuese por el camino más lógico que era el de aprobar las conclusiones y el informe de la comisión de estudio y luego trasladarlo a una reforma estatutaria. “Hemos tenido que adaptar nuestra posición no por voluntad propia sino porque el grupo parlamentario socialista tiene una posición diferente a la de la FSA”, concluyó.