Representantes del Gobierno central y de la Generalitat de Cataluña se han reunido en el seno de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales (CMAEF) Estado-Generalitat de Cataluña, donde se han retomado una serie de asuntos pendientes de carácter económico y donde se han adoptado una serie de acuerdos en ese ámbito.
Esta comisión mixta, cuya décima sesión se ha celebrado en el Ministerio de Hacienda, no se reunía desde el 17 de noviembre de 2010 y ha sido relanzada a raíz de las reuniones de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, promovida por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
La reunión con los dirigentes catalanes responde a una nueva política del Gobierno central, donde prima el diálogo con todas las comunidades autónomas.
La CMAEF está contemplada en el artículo 210 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y es el órgano bilateral para canalizar el conjunto de relaciones fiscales y financieras entre ambas administraciones.
En esta reunión, la representación del Estado ha estado encabezada por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y la de la Generalitat de Cataluña por el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès. Por la parte del Gobierno central también han asistido la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda; el secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque; y el secretario general de Financiación Autonómica y Local, Diego Martínez López.
Durante la reunión se ha adoptado un acuerdo para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de noviembre de 2017 relativa a la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña y en desarrollo y concreción del acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral Estado -Generalitat el 19 de julio de 2011. En esa ocasión, se cifró en 759 millones el déficit inversor en infraestructuras en Cataluña correspondiente a 2008. En cumplimiento de la sentencia las dos administraciones acuerdan la compensación de dicha cantidad durante los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022. En concreto, el importe consignado a este efecto en el Presupuesto de 2019 ascenderá a 200 millones.
También se ha alcanzado un acuerdo para dotar con 150 millones de euros el proyecto de Ley de los PGE para 2019 y el resto en los tres ejercicios siguientes, para cumplir el Acuerdo de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat del 22 de diciembre de 2009 y que afecta a la integración de la policía autonómica de Cataluña en el modelo de financiación. Esta decisión se adopta después de que la Junta de Seguridad de Cataluña certificara el pasado 10 de julio de 2017 el número de efectivos de los Mossos d’Esquadra.
En relación con el endeudamiento de la Generalitat de Cataluña, se ha acordado, por un lado, impulsar la tramitación de autorizaciones para refinanciar a largo plazo operaciones de crédito a corto plazo de carácter estructural por importe de 2.773,63 millones de euros. De esta forma, se sanea la totalidad de la deuda a corto plazo de carácter estructural que la Generalitat mantenía en su cartera.
La posibilidad de refinanciar la deuda estructural a corto plazo se adoptó en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) el pasado mes de julio, cuando se acordó mejorar la situación financiera del conjunto de las comunidades autónomas.
Préstamos a estudiantes universitarios
Por otro lado, se ha acordado intercambiar información para que, por parte del Estado, se tramiten las autorizaciones de distintos avales concedidos por entidades dependientes de la comunidad autónoma de Cataluña, promoviéndose de forma inmediata la tramitación de la autorización de garantías que se formalicen, en el marco de convenios de colaboración que suscriba la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), para conceder préstamos a estudiantes universitarios para la financiación de sus matrículas.
Normalidad democrática
Adicionalmente, han sido objeto de análisis en la CMAEF otras materias como las inversiones en infraestructuras a que se refiere la disposición adicional tercera del Estatuto catalán, la financiación de órganos judiciales, los tributos propios de la Generalitat recurridos ante el Tribunal Constitucional, la gestión descentralizada de subvenciones y ayudas y la aplicación del principio de lealtad institucional.
Sobre todos estos temas, ambas partes han acercado posturas, quedando pendiente de concreción posterior las actuaciones necesarias pendientes para la adopción de los correspondientes acuerdos.
El Gobierno confía en que todas las partes trabajen en sintonía para alcanzar la normalidad democrática y avanzar en una adecuada relación y considera que es una buena noticia que Cataluña se siente con el Estado y que el diálogo empiece a dar sus frutos.