Buenos Aires, 13 ago (dpa) – La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner negó hoy haber recibido sobornos de empresarios, denunció una «persecución judicial» en su contra y pidió que su sucesor en el poder, Mauricio Macri, sea citado a declarar en un escándalo que cobra día a día dimensiones mayores.
Fernández de Kirchner, además, solicitó la nulidad del caso y que el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, al frente de la investigación, sean recusados, indicaron fuentes judiciales.
La ex presidenta (2007-2015) y actual senadora de la agrupación opositora peronista Unidad Ciudadana presentó un escrito en su defensa en los tribunales federales de Buenos Aires, a los que acudió a declarar por los «cuadernos de la corrupción» que revelaron una supuesta trama de pago de sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas entre 2005 y 2015.
Allí estuvo entre las 9:35 horas (12:35 GMT) y 11:13 horas (14:13 GMT) y no aceptó responder las preguntas del juez y el fiscal. «Ni ‘buen día’ dijo», comentó Stornelli a la prensa.
En su presentación, Kirchner consideró a Bonadio «un juez enemigo» que, al igual que el fiscal, fue «elegido a dedo» para «armar una nueva causa» en su contra y «sacarla a la luz cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas».
«Habré de efectuar una síntesis sobre los pormenores de la persecución judicial a la que me encuentro sometida desde el 10 de diciembre de 2015», afirmó en el escrito en referencia al día que comenzó el Gobierno de Macri.
Al respecto, aseguró que esa supuesta persecución es «comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional» en el país, es decir durante regímenes dictatoriales.
Acerca de la sospecha de que habría integrado una asociación ilícita junto a su esposo, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), sostuvo que podría acudir a organismos internacionales de derechos humanos.
Ocho ex funcionarios kirchneristas y siete empresarios fueron arrestados desde que el 1 de agosto el diario «La Nación» publicó una investigación acerca de presuntos pagos ilegales al poder durante las presidencias de Kirchner y Fernández de Kirchner.
La Justicia investiga si ambos lideraron una supuesta asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio del otorgamiento de contratos de obras públicas, precisó en su momento Stornelli.
La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Oscar Centeno, el chofer del ex «número dos» de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los detenidos. En ellos el chofer describió el presunto pago de fondos de empresarios a funcionarios y detalló que el dinero era entregado en bolsos y llevado a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas oficiales.
Uno de los empresarios que dio su testimonio en el caso fue Angelo Calcaterra, primo de Macri, que admitió la entrega de dinero al kirchnerismo como supuestos aportes a campañas electorales.
Al respecto, Kirchner pidió que Macri sea citado a declarar en el caso para que «indique si ha tenido algún tipo de participación en las supuestas tratativas que precedieron a la incorporación de Calcaterra» a la investigación, en la que fue beneficiado con la figura legal de «imputado colaborador», lo que le permitió estar libre por el momento.
Lo mismo requirió para Daniel Angelici, presidente del club Boca Juniors, amigo de Macri y que tendría vínculos con la Justicia.
La difusión de la causa, dijo hoy Kirchner, coincide con «la caída abrupta de la imagen del Gobierno» de Macri y «el agravamiento de los problemas económicos», entre otros problemas.
La ex presidenta afronta desde que dejó el poder varias causas judiciales, la mayoría de ellas bajo investigación de Bonadío.
Kirchner no fue detenida aún en las investigaciones porque goza de inmunidad parlamentaria como senadora. Para lograrlo, la Cámara de Senadores debería votar a favor de quitarle ese beneficio.
Por Gabriel Tuñez (dpa)