Buenos Aires, 9 ago (dpa) – Tras el rechazo esta madrugada del Senado a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, el presidente Mauricio Macri confió hoy en que continuará el debate sobre el aborto y abogó por reforzar la educación sexual y el acceso a anticonceptivos para frenar el embarazo adolescente.
«Estos son debates que comienzan y que van a continuar. Estos debates se van a seguir sucediendo porque los argentinos estamos madurando en libertad», declaró Macri en la Casa Rosada, sede del Gobierno nacional, tras una reunión de gabinete.
El Senado rechazó esta madrugada por 38 votos en contra y 31 a favor el proyecto para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, que ya había sido aprobado en junio por la Cámara de Diputados.
Cientos de miles de personas participaron el martes en una extensa vigilia a la espera de la histórica votación frente al Congreso, con un sector identificado con pañuelos verdes, el color de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; y otro con pañuelos celestes a favor de «salvar las dos vidas».
El mandatario consideró importante trabajar «en la educación integral de los docentes que incluya el capítulo de educación sexual, la asesoría integral en las escuelas e introducir métodos anticonceptivos de larga duración».
La prioridad del Gobierno nacional será comenzar en las provincias del noreste y noroeste argentino y en la de Buenos Aires, donde se registran los mayores índices de embarazos adolescentes. «El problema está y tenemos que seguir trabajando para que esas chicas tengan esas posibilidad de elegir y planificar sus vidas», subrayó Macri.
El Gobierno evalúa en tanto incluir la despenalización del aborto en el nuevo Código Penal que será debatido este año en el Congreso.
El Poder Ejecutivo propondría en el proyecto de reforma del Código Penal que un juez podrá eximir de pena a la mujer que practique un aborto. Tampoco sería punible esta práctica en caso de un embarazo producto de un abuso sexual, informan hoy medios locales.
El nuevo Código Penal será enviado este mes al Parlamento y de confirmarse este punto, el Congreso deberá volver a debatir en cuestión de pocas semanas sobre el aborto.
Amnistía Internacional lamentó hoy el rechazo del Senado argentino a la legalización del aborto y consideró que fue «una oportunidad histórica perdida» para el ejercicio de los derechos humanos.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, advirtió que esta decisión «no hace más que perpetuar el circulo de violencia que se ejerce contra las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar». «El Poder Legislativo no ha estado a la altura de las circunstancias», subrayó.
Actualmente, en Argentina sólo está permitido abortar en casos de violación o de riesgo de vida para la madre. Sin embargo, cada año se practican 354.627 abortos, según estimaciones oficiales divulgadas por el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Además, complicaciones en abortos generan un promedio de 49.000 hospitalizaciones anuales.
En los últimos 30 años, más de 3.000 mujeres murieron a causa de abortos clandestinos.
El ministro de Salud reconoció estar «un poquito frustrado con el final» del debate parlamentario, pero reconoció que «los grandes cambios no se pueden dar de una sola vez y necesitan un proceso de decantación y de maduración».
No se descarta que el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo sea tratado nuevamente en 2019. Pero el año próximo, que será además de fuerte tono electoral por las presidenciales previstas para octubre, se mantendrá la misma correlación de fuerzas parlamentaria, lo que dificultaría un cambio en la votación.
De acuerdo con la reforma del Código Penal anticipada por el periódico «La Nación», el proyecto mantendría el aborto como delito, pero con más excepciones que los que dispone el código actual. Una modificación central sería declarar no punible a la mujer que cause su propio aborto o consienta que otro se lo practique, señaló el diario. No estarían exceptuados de penas terceros, como el médico o el farmacéutico, según advirtió «Página/12».
Por otra parte, se establecería que cualquier mujer puede interrumpir su embarazo en caso de que este provenga de un abuso sexual, a la vez que se mantendrían las dos causales de aborto no punible vigentes actualmente: por violación o riesgo de vida de la mujer.
Entre 2007 y 2016 fueron condenadas 63 personas por distintos tipos de delitos relacionados con el aborto.
El caso «Belén» fue emblemático. En 2014, una joven acudió a un hospital público por una grave hemorragia vaginal y, según el primer diagnóstico, sufrió un aborto espontáneo. Pero luego la joven, cuyo nombre se mantuvo en secreto pero fue identificada como Belén, fue acusada de deshacerse del feto en un baño del hospital. Fue detenida y condenada a ocho años de prisión. Estuvo dos años detenida hasta que recibió la libertad condicional en medio de una fuerte presión social y luego fue absuelta por la Corte Suprema provincial.