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El ministro de Justicia, Rafael Catal\u00e1, y la presidenta del Consejo General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola, Victoria Ortega, han firmado un convenio para el desarrollo de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos los servicios de informaci\u00f3n, asistencia y consulta en la presentaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n necesaria para la gesti\u00f3n de los expedientes de nacionalidad por residencia.<\/p>\n
En concreto, el convenio habilitar\u00e1 al Consejo General de la Abogac\u00eda para la presentaci\u00f3n electr\u00f3nica de documentos en representaci\u00f3n de los interesados y regular\u00e1 los procedimientos y requisitos para la remisi\u00f3n telem\u00e1tica de la documentaci\u00f3n debidamente conformada.<\/p>\n
Este acuerdo se inscribe en el marco de una estrategia dirigida a canalizar en la medida de lo posible las solicitudes de nacionalidad por residencia del nuevo procedimiento a trav\u00e9s de colectivos profesionales y en este sentido establece la obligaci\u00f3n de garantizar por parte del Consejo un control previo de las solicitudes, asegur\u00e1ndose de que s\u00f3lo se incorporen al sistema aquellas que a priori cumplan las condiciones e incluyan toda la documentaci\u00f3n exigible. Ello redundar\u00e1 en un menor tiempo de tramitaci\u00f3n pues limitar\u00e1 los casos en que sea necesario requerir al interesado para que aporte documentaci\u00f3n adicional y facilitar\u00e1 asimismo la calificaci\u00f3n de los expedientes.<\/p>\n
En este sentido, se estableci\u00f3 un modelo general de convenio al que se adapta el hoy suscrito al igual que los dos firmados anteriormente con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de Espa\u00f1a, el 14 julio de 2016, y con el Consejo General de Procuradores de Espa\u00f1a, el 20 septiembre de 2016. Asimismo, se est\u00e1 en conversaciones para su posible extensi\u00f3n a otros colectivos como el Consejo General de Economistas.<\/p>\n
El convenio tiene naturaleza administrativa y por tanto est\u00e1 excluido del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico. No genera obligaciones econ\u00f3micas entre las partes, si bien el Consejo asume los gastos e inversiones que origine su cumplimiento. El Ministerio de Justicia no regula los honorarios que los abogados perciban de quienes decidan recurrir a sus servicios ya que queda fuera de su \u00e1mbito de competencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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