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El Tribunal General de la Uni\u00f3n Europea ha anulado este jueves la decisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Europea de declarar ilegal el sistema espa\u00f1ol de bonificaciones fiscales (‘tax lease’) para los inversores en astilleros y que obligaba a Espa\u00f1a a recuperar estos apoyos.<\/p>\n
En su sentencia, el tribunal estima que la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el Ejecutivo comunitario, de que las medidas pod\u00edan \u00abfalsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales\u00bb entre Estados miembros, \u00abno est\u00e1 suficientemente motivada\u00bb.<\/p>\n
El caso se remonta a 2013, cuando Bruselas pidi\u00f3 a las autoridades espa\u00f1olas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el r\u00e9gimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas p\u00fablicas porque concedi\u00f3 una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.<\/p>\n
El Ejecutivo comunitario estableci\u00f3 entonces que las subvenciones deber\u00edan devolverlas los inversores que financiaron la construcci\u00f3n de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.<\/p>\n
Este sistema se puso en marcha en 2002, aunque Bruselas ha propuesto que se recuperen los apoyos concedidos desde abril de 2007, frente a la posici\u00f3n del Gobierno, que aboga por contar desde 2011, fecha en la que se consider\u00f3 ilegal el r\u00e9gimen de bonificaciones.<\/p>\n
El Gobierno espa\u00f1ol y las sociedades Lico Leasing y Peque\u00f1os y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversi\u00f3n recurrieron la decisi\u00f3n de Bruselas ante la justicia europea y solicitaron su anulaci\u00f3n. La sentencia de este jueves resuelve los primeros dos recursos de los m\u00e1s de 60 presentados por las sociedades afectadas y que a\u00fan est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n, incluidos los presentados por entidades como Bankia o el grupo Inditex.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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