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Dos funcionarios del Principado de Asturias admitieron este lunes haber certificado obras en Puerto de Vega por importe de m\u00e1s de 110.000 euros, cuando en realidad s\u00f3lo se hab\u00edan ejecutado trabajos por valor de 21.000, y todo ello por no haber actuado con la diligencia necesaria y no haber comprobado que efectivamente las obras se hab\u00edan llevado a cabo en los plazos pactados.<\/p>\n
Tras reconocer los hechos, los acusados admitieron una condena de multa y suspensi\u00f3n de empleo o cargo p\u00fablico durante 9 meses. La conformidad de los acusados fue ratificada este lunes en la Secci\u00f3n Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo.<\/p>\n
La acusada es una funcionaria del Principado de Asturias y suscribi\u00f3 en junio de 2007 un proyecto t\u00e9cnico de dragado en roca en el canal de acceso al puerto de la localidad de Puerto de Vega con un presupuesto de 159.542,63 euros y un plazo de ejecuci\u00f3n de 45 d\u00edas. En el seno del procedimiento, se design\u00f3 como director de obra al otro acusado, que tambi\u00e9n era funcionario p\u00fablico del Principado de Asturias en la fecha de los hechos.<\/p>\n
Tras el oportuno expediente administrativo, la obra fue adjudicada por importe de 156.900 euros, por medio de resoluci\u00f3n del Consejero de Fomento de 1 de octubre de 2007, celebr\u00e1ndose el contrato con la Administraci\u00f3n el 25 de octubre de 2007. La obra deb\u00eda ejecutarse en un plazo de 45 d\u00edas.<\/p>\n
Pese a que la obra no se ejecut\u00f3 en su totalidad, los acusados, el 31 de julio de 2008, emitieron un acta de recepci\u00f3n en la que se declaraba que las obras hab\u00edan finalizado y se encontraban en buen estado con arreglo a las prescripciones previstas, sin adoptar la m\u00e1s m\u00ednima diligencia para comprobar si esto era as\u00ed o no.<\/p>\n
As\u00ed, la acusada emiti\u00f3 la certificaci\u00f3n de obra efectuada en fecha 30 de noviembre de 2007 por importe de 62.329,86 euros y la certificaci\u00f3n de obra efectuada en fecha 28 de diciembre de 2007, por importe de 49.187,06 euros, y el acusado emiti\u00f3 las certificaciones de obra de enero a mayo de 2008 por importe de 0 euros, la certificaci\u00f3n de obra efectuada en fecha 30 de junio de 2008 por importe de 1.955,17 euros, as\u00ed como la certificaci\u00f3n final efectuada en fecha 27 de noviembre de 2008 por importe de 0 euros, certificando entre los dos un total de 113.472,10 euros, cuando en realidad solo se hab\u00edan ejecutado obras por valor de 21.000 euros, todo ello debido a un actuar no diligente por su parte.<\/p>\n
Los hechos fueron considerados un delito continuado de falsedad documental de los art\u00edculos 390.1 y 391 del C\u00f3digo Penal. Cada uno de los acusados asumi\u00f3 una condena de 9 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros (1.620 euros en total) y suspensi\u00f3n de empleo o cargo p\u00fablico durante 9 meses, junto con el pago de las costas procesales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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