![\"fotonoticia_20151016175945_800\"](\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/fotonoticia_20151016175945_800-360x270.jpg\")
Tres t\u00e9cnicos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) han ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo Gonz\u00e1lez que el pesaje de al menos 68.000 camiones que trasladaron materiales en las obras de ampliaci\u00f3n del puerto de El Musel, que se desarrollaron en Gij\u00f3n entre los a\u00f1os 2005 y 2011, fueron \u00abfalsificados\u00bb.<\/p>\n
Los comparecientes, que no han podido contestar a las preguntas de todas las partes por falta de tiempo, han confirmado ante el magistrado instructor las irregularidades que, a su juicio, se cometieron en estos trabajos y que provocaron unos sobrecostes que podr\u00edan comportar la devoluci\u00f3n de 247,5 millones de fondos europeos.<\/p>\n
Los t\u00e9cnicos tambi\u00e9n han destacado que, a pesar de que la Uni\u00f3n Temporal de Empresas (UTE) que desarroll\u00f3 el proyecto podr\u00eda obtener el 75 por ciento de los materiales de forma gratuita, prefiri\u00f3 pagar precios de hasta 6 y 7,3 euros por metro c\u00fabico de piedra.<\/p>\n
Entre las irregularidades detectadas por los responsables de la OLAF, que han denunciado que no pudieron acceder a toda la documentaci\u00f3n contable del proyecto, tambi\u00e9n se encuentran que los camiones \u00fanicamente se pesaban a la entrada del puerto y nunca a la salida de las canteras, y que un solo cami\u00f3n realiz\u00f3 hasta nueve viajes con pesajes id\u00e9nticos en el mismo d\u00eda.<\/p>\n
\u00abINTERESES GENERALES\u00bb<\/p>\n
Tambi\u00e9n ha declarado como imputado el exalcalde de Carre\u00f1o Manuel \u00c1ngel Riego Gonz\u00e1lez (PSOE), de quien el fiscal aprecia\u00bbactuaciones contradictorias\u00bb como responsable del municipio, en el que se encontraban las cantera de Abo\u00f1o y Perecil, y como consejero de la Autoridad Portuaria de Gij\u00f3n.<\/p>\n
A su salida de la Audiencia Nacional, ha afirmado que se limit\u00f3 a \u00abdefender los intereses generales\u00bb de la localidad en las actuaciones que afectaban a la zona de Perlora y del Alto de Abo\u00f1o, y que el propio Tribunal Supremo fall\u00f3 a favor del consistorio al defender la necesidad de un estudio de \u00abimpacto medioambiental\u00bb.<\/p>\n
\u00abMe siento orgullos\u00edsimo de haber sido alcalde de este municipio y de haber pertenecido al Consejo del Puerto de El Musel, que hizo posible una obra importante para Asturias como fue la ampliaci\u00f3n\u00bb, ha aseverado, para indicar que en ning\u00fan momento ha incurrido en \u00abcontradicciones\u00bb y denunciar el \u00abda\u00f1o\u00bb que su imputaci\u00f3n ha ocasionado a \u00e9l y su familia.<\/p>\n
La concejal de Podemos en Gij\u00f3n Nuria Rodr\u00edguez, representante del Observatorio Ciudadano Anticorrupci\u00f3n de Asturias (OCAN) que ejerce la acusaci\u00f3n popular, ha avanzado que la Fiscal\u00eda pedir\u00e1 16 nuevas imputaciones a la vista de las numerosas \u00abirregularidades\u00bb en torno a la licitaci\u00f3n, el pasaje y la extracci\u00f3n de los p\u00e9treos que han sido ratificadas por los t\u00e9cnicos de la OLAF.<\/p>\n
NO HAB\u00cdA \u00abCONNIVENCIA\u00bb<\/p>\n
Tambi\u00e9n ha declarado como imputado David L\u00f3pez Navarrete, que fue gerente de la UTE Dique Torres entre los a\u00f1os 2009 y 2011. Seg\u00fan fuentes de las defensas, ha destacado que no exist\u00eda ning\u00fan tipo de \u00abconnivencia\u00bb entre la Autoridad Portuaria y las empresas constructoras y que \u00e9stas presentaron una demanda reclamando una indemnizaci\u00f3n de 324 millones de euros.<\/p>\n
En la causa est\u00e1n imputados el exdirector del puerto Jos\u00e9 Luis D\u00edaz Rato; el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gij\u00f3n Fernando Men\u00e9ndez Rexach; y el gerente de la UTE Dique Torres entre 2005 y 2009, Juan Miguel P\u00e9rez.<\/p>\n
Seg\u00fan la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n, los hechos investigados podr\u00edan ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda P\u00fablica y prevaricaci\u00f3n. La Comisi\u00f3n Europea financi\u00f3 el proyecto con 198 millones de euros procedentes de los fondos de cohesi\u00f3n, a los que se suman otros 49,5 que se encuentran pendientes de cobro.<\/p>\n
La UTE que llev\u00f3 a cabo este proyecto estaba formada por las empresas constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonz\u00e1lez Contratas. A estas compa\u00f1\u00edas el juez reclam\u00f3 los registros contables y la documentaci\u00f3n referente a este contrato, as\u00ed como los documentos que justifiquen su relaci\u00f3n con Hidrocant\u00e1brico respecto de la cantera de Abo\u00f1o y los correspondientes a las operaciones con Tudela Vegu\u00edn en relaci\u00f3n con las canteras Pe\u00f1a Mar\u00eda y La Hoya-Perecil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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