{"id":101442,"date":"2018-07-29T06:02:25","date_gmt":"2018-07-29T06:02:25","guid":{"rendered":"http:\/\/candas365.es\/noticias\/?p=101442"},"modified":"2018-07-29T06:02:25","modified_gmt":"2018-07-29T06:02:25","slug":"el-gobierno-adapta-el-derecho-nacional-al-reglamento-general-europeo-de-proteccion-de-datos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/candas365.es\/noticias\/el-gobierno-adapta-el-derecho-nacional-al-reglamento-general-europeo-de-proteccion-de-datos\/","title":{"rendered":"El Gobierno adapta el Derecho nacional al Reglamento General europeo de Protecci\u00f3n de Datos"},"content":{"rendered":"
El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado viernes, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, un Real Decreto-ley con medidas urgentes para adaptar el Derecho espa\u00f1ol al Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos (RGPD), norma de la Uni\u00f3n Europea que al entrar en vigor el pasado 25 de mayo impuso importantes modificaciones en la legislaci\u00f3n interna, cambios que fueron incorporados a un proyecto de ley org\u00e1nica que todav\u00eda no ha superado su tramitaci\u00f3n parlamentaria.<\/p>\n
\u200bLa entrada en vigor del RGPD provoc\u00f3, por tanto, un vac\u00edo legal que dificulta su aplicaci\u00f3n en Espa\u00f1a, lo que podr\u00eda dejar desprotegido el derecho fundamental de los ciudadanos a su privacidad. Por eso era imprescindible y urgente la adopci\u00f3n de una norma con rango de ley que permita la adaptaci\u00f3n del Derecho espa\u00f1ol al reglamento europeo en algunas cuestiones cuya regulaci\u00f3n no est\u00e1 reservada a ley org\u00e1nica. El Real Decreto-ley aprobado este viernes realiza dicha adaptaci\u00f3n y tendr\u00e1 vigencia s\u00f3lo hasta el momento en el que las Cortes aprueben el proyecto de ley cuya tramitaci\u00f3n parlamentaria sigue pendiente.<\/p>\n
El Real Decreto-ley regula aspectos relacionados con la inspecci\u00f3n, el r\u00e9gimen sancionador y el procedimiento de instrucci\u00f3n que son relevantes para la garant\u00eda efectiva del derecho a la protecci\u00f3n de los datos personales, dado que aportan la seguridad jur\u00eddica necesaria sin cuya existencia el modelo europeo de supervisi\u00f3n queda debilitado y, con \u00e9l, las opciones de los ciudadanos de hacer valer su privacidad.<\/p>\n
En este sentido, el Real Decreto-ley fija cu\u00e1l es el personal competente para realizar las labores de investigaci\u00f3n previstas en el RGPD y regula el modo en que podr\u00e1n desarrollar su actividad de inspecci\u00f3n. Asimismo, determina el r\u00e9gimen aplicable al personal de las autoridades de supervisi\u00f3n de otros Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea que participen en actuaciones conjuntas de investigaci\u00f3n.<\/p>\n
R\u00e9gimen sancionador<\/strong><\/p>\n
El reglamento europeo establece un r\u00e9gimen sancionador aplicable en Espa\u00f1a, pero no regula cuestiones tan esenciales como los plazos de prescripci\u00f3n o las sanciones, al considerar que deben fijarse en el ordenamiento interno de los Estados. Esos dos factores son b\u00e1sicos para garantizar la seguridad jur\u00eddica de los procedimientos abiertos y proteger de manera efectiva los derechos de los ciudadanos.<\/p>\n
De no acometer cuanto antes su regulaci\u00f3n, ser\u00eda muy complicado aplicar el r\u00e9gimen sancionador, lo que tambi\u00e9n debilitar\u00eda el sistema de protecci\u00f3n de datos y generar\u00eda el riesgo de que la Comisi\u00f3n Europea estudiase emprender acciones contra Espa\u00f1a por incumplimiento de su reglamento general.<\/p>\n
El Real Decreto-ley asume el novedoso r\u00e9gimen sancionador del RGPD y reemplaza los tipos infractores previstos en la todav\u00eda vigente Ley Org\u00e1nica 15\/1999. Y ratifica el r\u00e9gimen actual en cuanto a la duraci\u00f3n de los procedimientos sancionadores, que ser\u00e1 de seis meses, aunque podr\u00e1n incluir actuaciones previas de investigaci\u00f3n durante un plazo m\u00e1ximo de doce meses.<\/p>\n
En cuanto a la prescripci\u00f3n de las sanciones, el Real Decreto-ley opta por mantener los mismos tiempos que actualmente establece la Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n de Datos, por lo que fija un plazo de un a\u00f1o para las inferiores a 40.000 euros, dos a\u00f1os para las comprendidas entre 40.000 y 300.000 euros y tres a\u00f1os para las superiores a dicha cuant\u00eda.<\/p>\n
Por otra parte, el reglamento crea un procedimiento de cooperaci\u00f3n entre los pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea en los supuestos de tratamientos denominados transfronterizos, con la participaci\u00f3n de todas las autoridades implicadas, pero no regula el modo en que el Derecho interno de los Estados habr\u00e1 de verse afectado como consecuencia de los tr\u00e1mites previstos en la propia norma europea para estos procedimientos.<\/p>\n
Procedimientos transfronterizos<\/strong><\/p>\n
La aplicaci\u00f3n del RGPD exige en muchos casos recabar el criterio de las autoridades de protecci\u00f3n de datos de otros Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea para actuar de forma coordinada en aquellos supuestos que afecten a varios pa\u00edses.<\/p>\n
Seg\u00fan los datos de la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos, en las dos primeras semanas de aplicaci\u00f3n del RGPD se abrieron 17 procedimientos transnacionales referidos, sobre todo, al ejercicio del \u00abderecho al olvido\u00bb, el tratamiento de datos o la pol\u00edtica de privacidad y los t\u00e9rminos de servicio de grandes entidades tecnol\u00f3gicas. Dichos expedientes tienen un potencial impacto en millones de ciudadanos europeos. Las autoridades de protecci\u00f3n de datos de la UE estiman que el n\u00famero de estos procedimientos transfronterizos podr\u00eda situarse entre 13.000 a 16.000 al a\u00f1o.<\/p>\n
Era por tanto necesario incorporar a la normativa espa\u00f1ola las especificidades de estos procedimientos transfronterizos y prever aspectos como su suspensi\u00f3n o la interrupci\u00f3n de los plazos de prescripci\u00f3n mientras las autoridades correspondientes revisan dichos procedimientos.<\/p>\n
El reglamento europeo distingue en la pr\u00e1ctica tres tipos de tratamientos a los que aplica distintas normas procedimentales: los tratamientos transfronterizos, los transfronterizos con relevancia local en un Estado miembro y aqu\u00e9llos exclusivamente nacionales. En el caso de los dos primeros supuestos, la regulaci\u00f3n europea establece la obligaci\u00f3n de que la autoridad principal someta los distintos proyectos de decisi\u00f3n a las restantes autoridades, que dispondr\u00e1n de plazos tasados para la emisi\u00f3n de \u00abobservaciones pertinentes motivadas\u00bb, y prev\u00e9 el sometimiento de la resoluci\u00f3n al Comit\u00e9 Europeo de Protecci\u00f3n de Datos en caso de no alcanzarse un acuerdo entre todas ellas.<\/p>\n
Todo ello impon\u00eda la necesidad de incorporar al procedimiento por presuntas infracciones fases espec\u00edficas como la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de las reclamaciones o la posibilidad de archivo provisional del expediente en los supuestos en que la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos no tramite la reclamaci\u00f3n, pero pueda tener que resolver sobre la misma.<\/p>\n
El Real Decreto-ley incluye la previsi\u00f3n de suspender los procedimientos cuando sea necesario recabar el parecer de las autoridades de otros Estados europeos. De no hacerlo as\u00ed, esos expedientes podr\u00edan caducar, con las consecuencias negativas que ello conlleva no s\u00f3lo respecto de la aplicaci\u00f3n en Espa\u00f1a del reglamento europeo, sino para la garant\u00eda del derecho fundamental de los ciudadanos europeos en su conjunto a su privacidad en aquellos casos en que la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos tuviera la condici\u00f3n de autoridad de control principal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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